Calculador de Tasas Judiciales
Modelo de OTROSÍ DIGO de exención de tasa al tratarse de persona física
Observaciones generales
Nota previa:
La tasa judicial ha sido objeto de importantes modificaciones. Así si el RD Ley 1/2015 eliminó la tasa para las personas físicas, posteriormente y en lo relativo a las personas jurídicas. La STC 140/2016, de 21 de julio de 2016 (SP/SENT/86344) declaró inconstitucional y nulo el artículo 7, apartado 1 en los siguientes incisos:
En el orden jurisdiccional civil:
apelación: 800 €;
casación y extraordinario por infracción procesal: 1.200 €.
En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
abreviado: 200 €;
ordinario: 350 €;
apelación: 800 €;
casación: 1.200 €.
En el orden social:
suplicación: 500 €;
casación: 750 €.
y el apartado 2, (toda la cuota variable) con los efectos indicados en el fundamento jurídico 15
Por ello todos los recursos civiles, contencioso-administrativos y sociales y procedimientos contencioso-administrativos (ordinario y abreviados) que se presenten por personas jurídicas partir del 15 de agosto de 2016 fecha de publicación en el BOE de la Sentencia estarán exentos de tasa.
CONCEPTO
- La tasa es un TRIBUTO en el que el hecho imponible está constituido por la prestación de determinados servicios en régimen de Derecho público que afectan, o benefician, al obligado tributario. Debe tenerse en cuenta que tras el RD Ley 1/2015, de 27 de febrero, están exentas en todo caso del abono de la tasa judicial las PERSONAS FÍSICAS.
- Conforme al art. 241.1.7 LEC, las tasas judiciales son incluibles dentro de la TASACIÓN de las COSTAS PROCESALES, por lo que en caso de condena en costas, el favorecido por ella podrá obtener el REINTEGRO de las tasas judiciales abonadas al inicio del proceso.
- Se EXCEPTÚAN de su inclusión en la tasación de costas, las tasas abonadas en procesos de ejecución HIPOTECARIA cuando se trate de vivienda habitual, o en ejecuciones de TÍTULO NO JUDICIAL de préstamos o créditos hipotecarios cuando se dirijan contra el propio ejecutado, o sus avalistas.
REGULACIÓN Y ÚLTIMAS REFORMAS
La LEY 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (SP/LEG/10474 ) fue modificada por:
- Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Modifica párrafo segundo del apdo. 2 del art. 8 con el fin de favorecer la subsanación de la omisión de acuerdo con la doctrina de los Tribunales. (SP/LEG/18525)
- LEY 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Modifica los arts. 4 y 6 a 8. (SP/LEG/18210). Ratificando lo dispuesto por el REAL DECRETO-LEY 1/2015, de 27 de febrero.
- LEY 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Modifica la exención del art. 4.1.e) (SP/LEG/18006)
- REAL DECRETO-LEY 1/2015, de 27 de febrero Mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Eliminó las tasas para las personas físicas.
- REAL DECRETO-LEY 3/2013, 22 de febrero Modifica tasas judiciales y sistema de asistencia jurídica gratuita
- STC 140/2016, de 21 de julio de 2016 (SP/SENT/86344).
La ORDEN HAP/2662/2012, 13 de diciembre Por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, fue modificada por:
- ORDEN HAP/861/2015, de 7 de mayo
- ORDEN HAP/490/2013, de 27 de marzo
HECHO IMPONIBLE/ DEVENGO/ DETERMINACIÓN CUOTA
En el orden jurisdiccional CIVIL:
- Juicio Ordinario (Si fuera de cuantía indeterminada se valorará en 18.000 €). Cuando se interpone la demanda.300 €
- Juicio Verbal (Cuantía: Superior a 2.000 €). Cuando se interpone la demanda sucinta. 150 €
- Reconvención en Juicio Ordinario. Cuando se formula la reconvención. 300 €
- Reconvención en Juicio Verbal (Cuantía: Superior a 2.000 €). Cuando se formula la reconvención. 150 €
- Ejecuciones de Título No Judicial. Cuando se interpone la demanda. 200 €
- Oposición a la Ejecución de Títulos Judiciales. Cuando se presenta el escrito de oposición. 200 €
- Procedimientos de división judicial de patrimonios. Exclusivamente: Cuando se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes. 150 €. Devenga la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.
- Proceso Monitorio y Proceso Monitorio Europeo (Cuantía: Superior a 2.000 €). Cuando se presenta el escrito inicial. 100 €
- Juicio Cambiario. Cuando se interpone la demanda sucinta. 150 €
- Recursos de Apelación contra Sentencias. Cuando se interpone el recurso. 800 €. Declarado inconstitucional y nulo por la STC 140/2016, de 21 de julio de 2016 (SP/SENT/86344).
- Recursos de Casación y Extraordinario por Infracción Procesal. Cuando se interpone el recurso. 1200 € Declarado inconstitucional y nulo por la STC 140/2016, de 21 de julio de 2016 (SP/SENT/86344).
- Concurso necesario y la demanda incidental. Cuando se formula la solicitud y se presenta demanda. 200 €
En el orden jurisdiccional CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO:
- Proceso Abreviado. Cuando se interponga de la Demanda. 200 €. Declarado inconstitucional y nulo por la STC 140/2016, de 21 de julio de 2016 (SP/SENT/86344).
- Proceso Ordinario. Cuando se interponga del Recurso.300 €. Declarado inconstitucional y nulo por la STC 140/2016, de 21 de julio de 2016 (SP/SENT/86344).
- Recursos de Apelación. Cuando se interponga del Recurso. 800 €. Declarado inconstitucional y nulo por la STC 140/2016, de 21 de julio de 2016 (SP/SENT/86344).
- Recursos de Casación para la unificación de doctrina y en interés de la Ley. Cuando se interponga del Recurso. 1200 €. Declarado inconstitucional y nulo por la STC 140/2016, de 21 de julio de 2016 (SP/SENT/86344).
- Especialidad.Funcionarios Públicos. Como persona física estarían exentos
- Especialidad.Impugnación de Resoluciones Sancionadoras. La cuantía de la tasa, incluida la cantidad variable que prevé el cuadro siguiente, no podrá exceder del 50% del importe de la sanción económica impuesta.
En el orden jurisdiccional SOCIAL:
- Recursos de Suplicación. Cuando se interponga del Recurso. 500 €. Declarado inconstitucional y nulo por la STC 140/2016, de 21 de julio de 2016 (SP/SENT/86344).
- Recursos de Casación. Cuando se interponga del Recurso. 750 €. Declarado inconstitucional y nulo por la STC 140/2016, de 21 de julio de 2016 (SP/SENT/86344).
EXCLUSIÓN Y EXENCIONES DE LA TASA
En TODOS los ordenes jurisdiccionales:
- Las personas físicas.
- Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.
- El Ministerio Fiscal.
- La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
- Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
En el orden jurisdiccional CIVIL:
- Ejecución de Título Judicial.
- Oposición a la Ejecución de Título No Judicial.
- Tercerías de Dominio y de Mejor Derecho.
- Medidas Cautelares (Habrá de pagar la Tasa cuando se presente el juicio declarativo, en su caso).
- Procesos de paternidad y maternidad.
- Procesos de filiación.
- Procesos de capacidad.
- Procesos de reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial.
- Procesos que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.
- Procesos que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción.
- Procesos que versen sobre derechos fundamentales y libertades públicas.
- Concurso voluntario.
- Demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo y por las Juntas Arbitrales del Transporte, en este último caso cuando la cuantía por la que se pide ejecución sea inferior a 2.000 euros, así como del acta notarial de reclamación de deuda dineraria no contradicha.
- Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.
- Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.
- Monitorio y verbales inferiores a 2000 €.
- Recursos de Apelación contra Autos.
- Recurso en Interés de la Ley.
- Recurso de Queja.
- Rescisión de Sentencias Firmes.
- Revisión de Sentencias Firmes.
SUJETOS OBLIGADOS
- El SUJETO PASIVO de la tasa es quien promueve el ejercicio de la potestad jurisdiccional, y realiza el hecho imponible, si bien se admite que el pago pueda ser hecho por su representación procesal, o por abogado.
- Están EXENTOS de la tasa las siguientes personas:
1.Las personas físicas
2. Las personas jurídicas que tengan reconocido el beneficio de la ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.
3. El Ministerio Fiscal.
4. Las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales, y los organismos públicos dependientes de dichas administraciones.
BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
- La BASE IMPONIBLE de la tasa coincide con la CUANTÍA del PROCESO JUDICIAL.
En caso de cuantía INDETERMINADA, se valora en DIECIOCHO MIL EUROS a estos efectos.
En caso de acumulación de acciones, se tendrá en cuenta la suma de las cuantías correspondientes a las distintas pretensiones o acciones acumuladas.
- La CUOTA TRIBUTARIA está compuesta por:
1. Una CUOTA FIJA, en función de la clase de proceso, así, 100 euros en el juicio monitorio, 150 euros en los juicios verbal y cambiario, 200 euros en la ejecución de títulos no judiciales, 300 euros en el juicio ordinario, u 800 euros en el recurso de apelación.
2. Téngase en cuenta que la antigua cuota variable ha sido declarada inconstitucional y nula por la STC 140/2016, de 21 de julio de 2016 (SP/SENT/86344).
TRAMITACIÓN DEL MODELO 696
1. Las tasas judiciales, con el ingreso debidamente validado, se liquidan en el MODELO 696, el cual deberá presentarse con el ESCRITO PROCESAL que constituye el hecho imponible, es decir, con la demanda, la reconvención, el escrito de oposición a la ejecución de título judicial, o el recurso de apelación de que se trate.
2. Los obligados al pago de las tasas judiciales deberán liquidar previamente el pago de la tasa judicial de la siguiente forma:
A) Si se trata de SOCIEDADES ANÓNIMAS o de RESPONSABILIDAD LIMITADA, o de GRANDES EMPRESAS, o GRANDES CONTRIBUYENTES, obligatoriamente, de FORMA TELEMÁTICA a través de internet (www.agenciatributaria.gob.es).
B) En los demás casos, la tasa judicial puede liquidarse también en formato PAPEL IMPRESO, a través del servicio de impresión de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y en el que, por motivos de seguridad, sólo el NIF del contribuyente se cumplimentará manualmente.
3. En caso de NO PRESENTACIÓN, se requerirá por DILIGENCIA DE ORDENACIÓN a fin de que, en el término de DIEZ DÍAS, aporte el justificante oportuno con el apercibimiento de que, de no verificarlo, se producirá la preclusión del acto procesal de que se trata, y a la finalización o continuación del proceso según proceda, a saber:
A) Si no se presenta con la DEMANDA, se acordará el ARCHIVO de la demanda, por medio de AUTO NUMERADO.
B) Si no se presenta con la reconvención, se acordará la continuación del proceso, no habiendo lugar a tener por formulada reconvención.
C) Si no se presenta con la oposición a la ejecución de títulos judiciales, se acordará la continuación de la ejecución y vía de apremio, no habiendo lugar a tener por opuesta a la parte ejecutada.
4. Una vez presentado el Modelo 696, por la Oficina judicial, TELEMÁTICAMENTE, a través del PUNTO NEUTRO JUDICIAL, se transmitirán a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, los DATOS del PROCESO, que son los mismos que antes se rellenaban manualmente, a saber:
- El número de justificante del Modelo 696.
- La identificación del Juzgado, a través de su número de cuenta de consignaciones.
- El número y año del procedimiento, el tipo y la cuantía del proceso.
- La fecha de presentación de la demanda, escrito o recurso de apelación, según se trate.
SUPUESTOS ESPECIALES
- En la tramitación de las tasas judiciales por parte de la Oficina judicial, deben tenerse en cuenta dos supuestos especiales:
1. En caso de MODIFICACIÓN de la CUANTÍA durante el proceso:
A) El obligado tributario debe presentar una declaración complementaria, en el plazo de un mes a contar desde la firmeza de la resolución que determina la cuantía.
B) La Oficina judicial debe comunicar dicha modificación a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en el plazo de CINCO DÍAS y también de modo telemático, junto con la fecha de la notificación de la resolución por la que se determina la cuantía definitiva del proceso.
2. Se prevén dos supuestos de DEVOLUCIÓN de parte de la CUOTA TRIBUTARIA, que el obligado tributario puede solicitar, dentro de un plazo de cuatro años, a través del nuevo MODELO 695, y para los que la Oficina judicial debe comunicar, también de modo telemático, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, las fechas de la firmeza de las resoluciones en que se acuerden:
A) El ALLANAMIENTO TOTAL, o el ACUERDO que ponga FIN al proceso, para los que se prevé una DEVOLUCIÓN del 60 por ciento de la cuota.
B) La ACUMULACIÓN DE PROCESOS, para la que se prevé una DEVOLUCIÓN del 20 por ciento de la cuota pagada.
SUBSANACIÓN
En caso de que no se acompañase el Modelo 696, el Letrado de la Administración de Justicia requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte en el plazo de diez días, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Letrado de la Administración de Justicia a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.
Señala reiterada jurisprudencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, 45/2013, de 11 de febrero (SP/SENT/705490) y una amplia doctrina del TC Sala Primera núm. 180/2012, de 15 octubre, la subsanación del depósito por "defecto, omisión o error" es aplicable también a la tasa cuando se ha pagado fuera de plazo:
"El Tribunal Constitucional (por todas, la sentencia TC Sala Primera núm. 180, 2012, de 15 octubre) ha sentado una doctrina ampliamente favorable a la posibilidad de subsanación de la falta de constitución del depósito; doctrina que igualmente ha de ser aplicada a la exigencia de pago de la tasa. Esta Sala, también en relación con los supuestos de omisión de la obligación de constitución de depósito, ha declarado que la amplitud de las expresiones utilizadas por la ley - «defecto, omisión o error»- lleva a concluir que es posible la subsanación no solo en los supuestos en los que no se haya aportado el justificante que acredite o justifique la constitución del depósito verificado en plazo, sino también en los supuestos en los que no se haya efectuado aún la constitución del depósito o se hubiera realizado fuera del plazo legalmente establecido para ello, siempre que - lógicamente- se ponga de manifiesto a la parte el defecto observado ( AATS, 1ª 2 de noviembre de 2010 -Rec. Queja 230/10 -, 30 de noviembre de 2010 -Rec. Queja 297/10-, 9 de diciembre de 2010 -Rec. Queja 381/10-; así como sentencias de 27 de junio de 2011, Rec. 1319/2010 ; 12 de noviembre de 2012, Rec. 618/10 , y 18 de diciembre de 2012, Rec. 1248/10 )."
Así lo dispone igualmente ATS, Sala Primera, de lo Civil, , de 12 de marzo de 2013 (SP/AUTRJ/711142 ) y STS, Sala Primera, de lo Civil, 45/2013, de 11 de febrero (SP/SENT/705490)
Sin embargo no procede el abono de la tasa en el día de cortesía del art. 135 LEC. Tal y como dispone el ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 4 de diciembre de 2012. El día después solo puede presentarse el justificante de haber pagado la tasa dentro de los 10 días, pero no supone en ningún caso la concesión de un onceavo día.
NOTA LEXNET
La presentación telemática de la demanda determina una reducción del 10 % del importe de la tasa judicial.
LexNET general
REGULACIÓN
- Ley 18/2011, 5 julio, que Regula Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Administración de Justicia.
- Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
- Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
- Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET (derroga el Real Decreto 84/2007, 26 enero, Sistema Lexnet Presentación de Escritos, Traslado de Copias y Actos de Comunicación Procesal).
- Instrucción 2/2014 de la Secretaría Gral. de la Administración de Justicia, relativa a la puesta en marcha de la funcionalidad de presentación de escritos y documentos y traslado de copias a través del sistema Lexnet.
DERECHO TRANSITORIO
a) Para los profesionales
Téngase en cuenta que las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hagan, de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, entraron en vigor el 1 de enero de 2016.
b) Para los no profesionales
Respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha y las previsiones relativas al archivo electrónico de apoderamientos apud acta y al uso por los interesados que no sean profesionales de la justicia de los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos anteriormente indicados, entrarán en vigor el 1 de enero de 2017, según establece la disposición final 12.2 de la citada Ley 42/2015.
c) Para la Fiscalía Véase la disposición transitoria 4 de la citada ley en cuanto al plazo del apartado 2.
Transitoriamente, hasta el 1 de enero de 2018, en relación con los actos de comunicación al Ministerio Fiscal, el plazo que se establece en el artículo 151.2 será de diez días naturales
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
1. El presente real decreto tiene por objeto desarrollar la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, en lo relativo a las comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como a la presentación electrónica de escritos, documentos u otros medios o instrumentos y al traslado de copias, en el ámbito de la competencia del Ministerio de Justicia y sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas.
2. Sus disposiciones serán de aplicación:
a) A todos los integrantes de los órganos y oficinas judiciales y fiscales.
b) A todos los profesionales que actúan en el ámbito de la Administración de Justicia.
c) A las relaciones entre los órganos y oficinas judiciales y fiscales y los órganos técnicos que les auxilian y el resto de Administraciones y organismos públicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
d) A las personas que por ley o reglamento estén obligadas a intervenir a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia.
e) A los ciudadanos que ejerzan el derecho a relacionarse con la Administración de Justicia a través de medios electrónicos.
DEFINICIONES
A los efectos de este real decreto se entenderá por:
a) Integrantes de los órganos y oficinas judiciales y fiscales: los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal y los funcionarios del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia y de los Cuerpos de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Gestión Procesal y Administrativa, de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Tramitación Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial y de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así como los equipos técnicos que presten soporte a la actividad judicial.
b) Profesionales de la justicia: profesionales que actúan en el ámbito de la Administración de Justicia. En concreto, Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Cuerpo de Abogados del Estado, Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas y Letrados del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones públicas, de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, así como los Colegios de Procuradores.
También tendrán la consideración de profesionales de la justicia a estos efectos los administradores concursales.
c) Presentaciones electrónicas: la aportación, presentación o remisión a los órganos y oficinas judiciales y fiscales de toda clase de escritos, solicitudes, documentos, dictámenes, informes u otros medios, instrumentos o expedientes por parte de los ciudadanos, profesionales de la justicia, Administraciones y organismos públicos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través un canal electrónico. También las presentaciones realizadas por los órganos y oficinas judiciales y fiscales en los supuestos legalmente previstos.
d) Comunicaciones y notificaciones electrónicas: la realización mediante un canal electrónico de los actos de comunicación procesal emanados de los órganos y oficinas judiciales, tales como notificaciones, citaciones, emplazamientos, requerimientos, mandamientos, oficios y exhortos. Asimismo, los actos de comunicación emanados de los órganos y oficinas fiscales, de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de los equipos técnicos que presten soporte a la actividad judicial, en los supuestos legalmente previstos.
e) Información en soporte digital o electrónico: toda información digitalizada y almacenada en un medio electrónico de forma que permita su tramitación y transmisión de forma electrónica de acuerdo a la Ley 18/2011, de 5 de julio.
f) Transmisión electrónica de información: transmisión a distancia de datos incorporados en documentos o archivos de otro tipo que se realiza mediante el uso de un canal electrónico.
g) Canal electrónico: todo canal de transmisión de datos por medios electrónicos, ópticos o de radiofrecuencia.
PRESENTACIONES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
1. Las presentaciones y las comunicaciones y notificaciones realizadas por canales electrónicos deberán ajustarse a las normas procesales.
2. Los sistemas electrónicos de información y comunicación deberán dejar constancia de la transmisión y recepción de las presentaciones y de las comunicaciones y notificaciones, de la fecha y hora en que se produzca su salida y de las de la puesta a disposición del interesado, de su contenido íntegro y del acceso al mismo, así como de la identificación del remitente y del destinatario de las mismas. Los sistemas de identificación y autentificación se ajustaran a lo previsto en la Ley 18/2011, de 5 de julio, en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, en el Reglamento UE n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, y en el presente real decreto.
3. Todos los sistemas electrónicos de información y comunicación deberán regirse por las Bases del Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad. Para ello, todas las aplicaciones y sistemas que se utilicen para comunicarse con la Administración de Justicia deberán hacer uso de las guías de interoperabilidad y seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones elaboradas por el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, en especial de las guías de documento y expediente judicial electrónico, así como de la de política de firma.
DERECHO DE LOS CIUDADANOS A ELEGIR Y OBLIGATORIEDAD DE LAS PRESENTACIONES Y DE LAS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Los ciudadanos que no estén asistidos o representados por profesionales de la justicia podrán elegir, en todo momento, que la manera de comunicarse con la Administración de Justicia y la forma de recibir las comunicaciones y notificaciones de la misma sea o no por canales electrónicos.
No obstante, estarán obligados a comunicarse con la Administración de Justicia, en todo caso, a través de canales electrónicos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con la Administración de Justicia en ejercicio de dicha actividad profesional.
d) Los Notarios y Registradores.
e) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia.
f) Los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su cargo.
g) Y los que legal o reglamentariamente se establezcan.
OBLIGATORIEDAD PARA LOS PROFESIONALES DE LA JUSTICIA Y LOS ÓRGANOS Y OFICINAS JUDICIALES Y FISCALES
1. Todos los Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Abogados del Estado, Letrados de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas y del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones Públicas, de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, así como los Colegios de Procuradores y administradores concursales tienen la obligación de utilizar los sistemas electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y para la recepción de actos de comunicación.
2. Asimismo, los sistemas electrónicos de información y comunicación, al igual que el resto de sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia, deben ser usados obligatoriamente para el desempeño de su actividad por todos los integrantes de los órganos y oficinas judiciales y fiscales.
FORMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN
1. Para el empleo de los sistemas electrónicos de información y comunicación que así lo requieran serán válidos los sistemas de identificación electrónica y de firma electrónica que sean conformes a lo establecido por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y el Reglamento UE n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE, y resulten adecuados para garantizar la identificación de los intervinientes y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.
2. La Administración de Justicia podrá utilizar para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzca sistemas de firma electrónica para la actuación judicial automatizada, sistemas basados en certificados electrónicos del personal al servicio de la Administración de Justicia y otros sistemas de firma que permitan atribuir la firma al firmante y comprobar la autenticidad de documentos en base a Códigos Seguros de Verificación.
Asimismo, podrán utilizarse, en su caso, sistemas de identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas reutilizando las plataformas del sector público administrativo estatal.
3. Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica podrán utilizar sistemas basados en certificados electrónicos de persona jurídica o de entidad sin personalidad jurídica, así como sellos electrónicos avanzados basados en certificados cualificados.
4. El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en los documentos o en las comunicaciones electrónicas los datos de identificación del firmante y, en su caso, de la persona o entidad a la que represente y los que sean necesarios de acuerdo con la legislación aplicable.
SEGURIDAD EN LAS PRESENTACIONES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
1. Para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en las presentaciones y en las comunicaciones y notificaciones electrónicas en la Administración de Justicia se aplicará el Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad.
2. Los sistemas electrónicos de información y comunicación deberán cumplir los requisitos mínimos de seguridad fijados en las Bases del Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad. Estos requisitos, de conformidad con lo previsto en el artículo 54 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, serán desarrollados mediante una guía técnica de seguridad, en línea con lo establecido en las Instrucciones Técnicas de Seguridad de la Administración General del Estado.
3. Lo dispuesto en este real decreto se aplicará observando y garantizando la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de la Administración de Justicia en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
CANALES ELECTRÓNICOS
1. La presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos se efectuaran a través del sistema LexNET o mediante la sede judicial electrónica correspondiente.
2. Los ciudadanos que no estando asistidos o representados por profesionales de la justicia opten por comunicarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos o estén obligados a ello podrán usar el Servicio Compartido de Gestión de Notificaciones Electrónicas y la Carpeta Ciudadana provistos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas siempre que los medios tecnológicos lo permitan.
3. Los Colegios de Procuradores habilitarán los medios necesarios para garantizar la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la recepción de los actos de comunicación por medios electrónicos, por todos sus profesionales en cualquier parte del territorio nacional, independientemente del Colegio de Procuradores de adscripción al que pertenezcan.
PRESENTACIÓN DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS POR CANALES ELECTRÓNICOS
1. Los órganos y las oficinas judiciales y fiscales, así como los profesionales de la justicia, remitirán sus escritos y documentos a través del sistema LexNET.
Las Administraciones y organismos públicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también podrán usar los servicios de la sede judicial electrónica que se habiliten expresamente para ellas.
2. Cuando, de conformidad con lo dispuesto por las normas procesales, no sea preceptiva la asistencia letrada ni la representación por Procurador o, en su caso, Graduado Social, los ciudadanos que opten por relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos y las personas que vengan obligadas a ello conforme a las leyes o reglamentos utilizarán para la presentación de escritos y documentos la sede judicial electrónica. También podrán utilizar el Servicio Compartido de Gestión de Notificaciones Electrónicas y la Carpeta Ciudadana provistos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas siempre que los medios tecnológicos lo permitan.
3. La presentación de toda clase de escritos, documentos, dictámenes, informes u otros medios o instrumentos deberá ir acompañada de un formulario normalizado con el detalle o índice comprensivo del número, orden y descripción somera del contenido de cada uno de los documentos, así como, en su caso, del órgano u oficina judicial o fiscal al que se dirige y el tipo y número de expediente y año al que se refiere el escrito. Este formulario normalizado se ajustará a las disposiciones del Reglamento 2/2010, sobre criterios generales de homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes procesales, aprobado por Acuerdo, de 25 de febrero de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
TRASLADO DE COPIAS ELECTRÓNICAS
1. Cuando la presentación de escritos y documentos se realice por Procuradores y además deba efectuarse el traslado de copias en los términos previstos en el artículo 276 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, podrá llevarse a cabo a través de la plataforma del Consejo General de Procuradores de España aprobada técnicamente por el Ministerio de Justicia y conectada a LexNET.
En caso de que el traslado de copias entre Procuradores se realice a través de la plataforma del Consejo General de Procuradores de España, la presentación electrónica que se dirija al órgano u oficina judicial o fiscal deberá contener un justificante firmado electrónicamente que acredite de forma inequívoca que el traslado de copias se ha realizado observando las disposiciones procesales.
2. La obligación de realizar el traslado de copias de escritos y documentos cuando intervengan Procuradores será igualmente exigible, en los términos previstos en los artículos 276 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los órdenes jurisdiccionales penal, contencioso-administrativo y social.
COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES POR CANALES ELECTRÓNICOS
1. Los órganos y oficinas judiciales y fiscales realizarán los actos de comunicación con las partes procesales y, en su caso, con los terceros intervinientes, mediante los siguientes canales electrónicos:
a) El sistema LexNET, si se trata, en su caso, de otros órganos y oficinas judiciales y fiscales, cuando las partes intervinientes en el proceso estén representadas por profesionales de la justicia y así lo permitan las normas procesales y cuando los destinatarios de los actos de comunicación sean las Administraciones y organismos públicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) La sede judicial electrónica.
c) El Servicio Compartido de Gestión de Notificaciones Electrónicas y la Carpeta Ciudadana provistos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas siempre que los medios tecnológicos lo permitan.
d) Otros sistemas electrónicos de información y comunicación que puedan establecerse.
2. Será de aplicación a los actos de comunicación realizados a través de la sede judicial electrónica lo dispuesto en el artículo 162.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3. Todos estos medios deberán cumplir los requisitos de autenticidad, integridad, temporalidad y resguardo acreditativo en los procesos de envío y recepción.
DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS
1. Los medios electrónicos relacionados en los artículos anteriores estarán en funcionamiento durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año, sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente de este artículo. En ningún caso la presentación electrónica de escritos y documentos o la recepción de actos de comunicación por medios electrónicos implicará la alteración de lo establecido en las leyes sobre el tiempo hábil para las actuaciones procesales, plazos y su cómputo, ni tampoco supondrá ningún trato discriminatorio en la tramitación y resolución de los procesos y actuaciones ante los órganos y oficinas judiciales y fiscales.
2. Cuando la presentación de escritos y documentos dentro de plazo por los medios electrónicos no sea posible por interrupción no planificada del servicio de comunicaciones electrónicas, siempre que sea factible se dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia, así como de los efectos de la suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento. El remitente podrá proceder, en este caso, a su presentación en el órgano u oficina judicial o fiscal el primer día hábil siguiente acompañando el justificante de dicha interrupción.
En los casos de interrupción planificada por la ineludible realización de trabajos de mantenimiento u otras razones técnicas lo requieran, podrán planificarse paradas de los sistemas informáticos que afecten o imposibiliten de forma temporal el servicio de comunicaciones electrónicas. Estas paradas serán avisadas por el propio sistema informático con una antelación mínima de veinte días, indicando el tiempo estimado de indisponibilidad del servicio. Este plazo podrá ser reducido en caso de aplicación de medidas de seguridad y otras necesidades de corrección urgente.
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
1. El sistema LexNET es un medio de transmisión seguro de información que mediante el uso de técnicas criptográficas garantiza la presentación de escritos y documentos y la recepción de actos de comunicación, sus fechas de emisión, puesta a disposición y recepción o acceso al contenido de los mismos.
Asimismo, el sistema LexNET garantiza el contenido íntegro de las comunicaciones y la identificación del remitente y destinatario de las mismas mediante técnicas de autenticación adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y en el Reglamento UE Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE.
2. El sistema LexNET tendrá la consideración de sistema de entrega electrónica certificada conforme al artículo 43 del Reglamento UE nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014.
3. Cuando el envío proceda de una Administración u organismo público y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrá utilizarse el sistema de acceso mediante usuario y contraseña, siempre que la comunicación se realice a través de los Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones.
FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA LEXNET
El sistema LexNET prestará las siguientes funcionalidades:
a) La presentación y transporte de escritos procesales y documentos que con los mismos se acompañen, así como su distribución y remisión al órgano u oficina judicial o fiscal encargada de su tramitación.
b) La gestión del traslado de copias, de modo que quede acreditado en las copias la fecha y hora en que se ha realizado efectivamente el traslado a los restantes Procuradores personados y la identidad de éstos, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.
c) La realización de actos de comunicación procesal conforme a los requisitos establecidos en las leyes procesales.
d) La expedición de resguardos electrónicos, integrables en las aplicaciones de gestión procesal, acreditativos de la correcta realización de la presentación de escritos y documentos anexos, de los traslados de copias y de la remisión y recepción de los actos de comunicación procesal y, en todo caso, de la fecha y hora de la efectiva realización.
e) La constancia de un asiento por cada una de las transacciones electrónicas a que se refieren los números anteriores, realizadas a través del sistema, identificando cada transacción los siguientes datos: identidad del remitente y del destinatario de cada mensaje, fecha y hora de su efectiva realización proporcionada por el sistema y, en su caso, proceso judicial al que se refiere, indicando tipo de procedimiento, número y año.
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
1. El Ministerio de Justicia, encargado de administrar y mantener el entorno operativo y disponibilidad del sistema, podrá suscribir convenios de cooperación tecnológica con las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de funciones y servicios en relación con los medios materiales de la Administración de Justicia, para la implantación del sistema electrónico denominado LexNET en sus ámbitos territoriales correspondientes. Dichos convenios se ajustarán a las características del sistema y respetarán las garantías establecidas en este real decreto.
El Ministerio de Justicia pondrá a disposición de todas las Comunidades Autónomas a las que se refiere el párrafo anterior el sistema de telecomunicaciones LexNET.
El Ministerio de Justicia tendrá la responsabilidad de garantizar el correcto funcionamiento, la custodia y la seguridad del sistema, sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de funciones y servicios en relación con los medios materiales de la Administración de Justicia en los términos de los convenios de cooperación tecnológica suscritos con estas.
2. El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España podrán conectar sus plataformas con el sistema LexNET siempre que esta conexión sea aprobada técnicamente por el Ministerio de Justicia y permita la interoperabilidad completa con dicho sistema. Estas interconexiones estarán dirigidas a facilitar a los profesionales de la justicia a ellos adscritos el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de los deberes contemplados en la Ley 18/2011, de 5 de julio.
Los Consejos Generales que se interconecten con LexNET deberán mantener sus plataformas y aplicaciones interoperables con el sistema LexNET.
La actualización e interoperabilidad de los sistemas de los Consejos Generales será competencia exclusiva de los mismos.
DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA LEXNET
1. Cuando por cualquier causa, el sistema LexNET o las plataformas del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo General de Procuradores de España aprobadas técnicamente por el Ministerio de Justicia y conectadas a LexNET no pudieran prestar el servicio en las condiciones establecidas, se informará a los usuarios a los efectos de la eventual presentación de escritos y documentos y traslado de copias, así como de la realización de los actos de comunicación en forma no electrónica y se expedirá, previa solicitud, justificante de la interrupción del servicio o certificado del Consejo General Profesional correspondiente expresivo de tal imposibilidad, el tiempo que permaneció inactivo y las causas. El justificante y los certificados que expidan los Consejos Generales Profesionales surtirán los efectos previstos en el párrafo segundo del artículo 162.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de que el destinatario de las comunicaciones pueda justificar la falta de acceso al sistema por causas técnicas durante ese periodo.
2. Antes de acceder el destinatario al detalle del contenido del envío, el sistema LexNET mostrará, al menos, la información esencial relativa al remitente del envío, asunto, clase y número de procedimiento en su caso, así como fecha de envío. Para que aquel pueda acceder al contenido de la comunicación previamente deberá proceder a su aceptación.
3. Una vez depositados en los buzones virtuales de los usuarios los escritos, las comunicaciones y notificaciones, así como cualquier otro documento procesal transmitido por medios electrónicos, se encontrarán accesibles por un período de sesenta días. Transcurrido este plazo se procederá a la eliminación del buzón de estos documentos, salvo los resguardos electrónicos acreditativos de la transmisión.
4. Para conseguir una adecuada gestión y tratamiento por los destinatarios de las comunicaciones y notificaciones electrónicas, cuando se produzca una acumulación masiva de las mismas a enviar después de un periodo inhábil o por concurrir circunstancias excepcionales, el propio sistema impedirá que se supere en más de un cincuenta por ciento al día el volumen de salida ordinario de actos de comunicación y, si técnicamente no fuera posible, los responsables del envío adoptaran las medidas necesarias a tal fin, repartiendo de forma gradual el exceso acumulado en remisiones consecutivas durante los cinco días posteriores al periodo de inhabilidad o al cese de la circunstancia excepcional.
5. Los mecanismos técnicos que aseguren la confidencialidad de la información procesal transmitida garantizarán que el administrador del sistema no tenga acceso a su contenido.
6. No obstante, la custodia de la información acreditativa de las transacciones realizadas a través del sistema LexNET corresponde al administrador del sistema, en las condiciones establecidas en el Fichero 1 «Custodia de la información acreditativa de las transacciones realizadas', del Anexo I.
OPERATIVA FUNCIONAL DEL SISTEMA EN LAS PRESENTACIONES, TRASLADO, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
1. La presentación de escritos y documentos procesales iniciadores y de trámite, el traslado de copias cuando intervenga Procurador y la realización de actos de comunicación a través del sistema LexNET requerirá por parte de los usuarios del sistema la previa cumplimentación de todos los campos de datos obligatorios que aparecen relacionados en el Anexo III, y que deberán ser coincidentes con los del formulario previsto en los artículos 36.4 y 38.1 de la Ley 18/2011, de 5 de julio.
2. El usuario podrá incorporar, además del documento electrónico principal, en el que se contenga el propio acto procesal objeto de transmisión, otros anexos, uno por cada uno de los documentos electrónicos que se deban acompañar. El usuario podrá visualizar los documentos electrónicos incorporados como anexos, a efectos de comprobación, antes de proceder a su envío.
En su caso, se acompañarán también aquellos elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico y las copias en soporte papel para realizar el acto de comunicación o traslado de copias a las partes no personadas.
Los usuarios del sistema presentarán sus escritos utilizando firma electrónica cualificada. Los documentos electrónicos anexos también serán firmados electrónicamente mediante certificado electrónico reconocido o cualificado.
Cuando, por las singulares características de un documento, el sistema no permita su incorporación como anexo para su envío en forma electrónica, el usuario hará llegar dicha documentación al destinatario por otros medios, en la forma establecida en las normas procesales y en el artículo siguiente, y deberá hacer referencia a los datos identificativos del envío electrónico al que no pudo ser adjuntada.
3. Para la acreditación de la presentación de los escritos y documentos y la realización de los actos de comunicación, el sistema devolverá al usuario un resguardo electrónico acreditativo de la remisión y puesta a disposición de la documentación, de su recepción por el destinatario, de la descripción de cada uno de los documentos transmitidos, de la identificación del remitente o profesional que le sustituye y del destinatario, del tipo de procedimiento judicial, número y año, así como de la fecha y hora de su efectiva realización o de cualquier otra información que se estime relevante en orden a constatar la certeza de la presentación o realización de dicho acto de comunicación.
4. Para el traslado de copias entre Procuradores, los Colegios de Procuradores utilizarán medios electrónicos que cumplan las previsiones del artículo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, permitan el envío y la recepción de copias de escritos y documentos de forma simultánea a la presentación de los escritos de trámite, de tal modo que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido, y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda.
La plataforma del Consejo General de Procuradores de España aprobada técnicamente por el Ministerio de Justicia permitirá la realización del traslado de copias de escritos y documentos por cualquier Procurador en cualquier parte del territorio nacional y con independencia del Colegio de Procuradores de adscripción.
5. El sistema confirmará al usuario la recepción del mensaje por el destinatario. La falta de confirmación no implicará que no se haya producido la recepción. En aquellos casos en que se detecten anomalías en la transmisión electrónica o no haya sido posible completar el envío, el propio sistema lo pondrá en conocimiento del usuario, mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a la subsanación o realice el envío en otro momento o utilizando otros medios.
El mensaje de error o deficiencia de la transmisión podrá ser imprimido o archivado por el usuario y, si el sistema lo permite, integrado en los sistemas de gestión procesal a efectos de acreditación del intento fallido.
En los casos en que se haya producido un error en la recepción e incorporación a los sistemas de gestión procesal y se haya subsanado el mismo en tiempo y forma, dentro de los cauces previstos por el sistema, este expedirá un resguardo acreditativo de la subsanación correspondiente, respetando la fecha y hora del envío inicialmente realizado.
LIMITACIONES POR EL VOLUMEN O FORMATO DE LOS ARCHIVOS ADJUNTOS
Cuando por el exceso del volumen de los archivos adjuntos, por el formato de éstos o por la insuficiencia de capacidad del sistema LexNET, el sistema no permita su inclusión, impidiendo el envío en forma conjunta con el escrito principal, se remitirá únicamente el escrito a través del sistema electrónico y el resto de documentación, junto con el formulario normalizado previsto en el último párrafo del artículo 9 o, en su defecto, el índice con el número, clase y descripción de los documentos y el acuse de recibo de dicho envío emitido por el sistema, se presentará en soporte digital o en cualquier otro tipo de medio electrónico que sea accesible para los órganos y oficinas judiciales y fiscales, ese día o el día hábil inmediatamente posterior a la fecha de realización del envío principal, en el órgano u oficina judicial o fiscal correspondiente. En estos casos, los archivos deberán ser analizados con software antivirus antes de proceder a su volcado en los sistemas de gestión procesal por el personal de este.
SUSTITUCIONES Y AUTORIZACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA JUSTICIA
1. El sistema LexNET permitirá en la presentación de los escritos y documentos, traslado de copias y recepción de los actos de comunicación, la sustitución entre los profesionales de la justicia que sean de la misma profesión o cuerpo, cuando así lo prevean sus normas estatutarias.
2. El alta en el sistema LexNET para los profesionales de la justicia implicará la titularidad sobre un buzón virtual. El titular de cada buzón podrá vincular al mismo a otros usuarios como autorizados para que en su nombre puedan realizar con plenitud de efectos jurídicos los envíos de documentación o recepción de actos de comunicación desde ese buzón. Los usuarios autorizados deberán acceder, en todo caso, mediante su propio certificado electrónico. El sistema garantizará la auditoría acerca de las personas que tuvieron acceso al buzón y en qué momento, las acciones realizadas por el usuario titular o autorizado y el resultado de las mismas.
No obstante lo anterior, en las presentaciones de escritos y documentos, estos deberán haber sido firmados previamente por el titular del buzón con su certificado electrónico aunque la remisión se ejecute materialmente por un usuario autorizado por aquel.
PRESENTACIÓN DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS A TRAVÉS DE LA SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA
Los ciudadanos que, no siendo preceptiva su representación o asistencia por profesionales de la justicia, opten por relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos o vengan obligados a ello por ley o reglamento presentarán los escritos, demandas, solicitudes y documentos en los formatos y con las características que se describen en el Anexo IV, a los órganos y oficinas judiciales y fiscales a través de la sede judicial electrónica, salvo que utilicen el Servicio Compartido de Gestión de Notificaciones Electrónicas y la Carpeta Ciudadana provistos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas si los medios tecnológicos lo permiten.
COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES POR COMPARECENCIA ELECTRÓNICA
1. A través de la sede judicial electrónica correspondiente se prestará el servicio de comunicación y notificación por comparecencia electrónica al ciudadano. En este caso, el ciudadano debidamente identificado podrá acceder al contenido de la resolución procesal objeto de comunicación y notificación.
2. El servicio de notificación por comparecencia electrónica deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Inmediatamente antes de acceder al contenido del acto de comunicación, el interesado deberá visualizar un aviso del carácter de notificación, citación, emplazamiento o requerimiento que contendrá dicho acceso.
b) El sistema electrónico de información y comunicación correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora.
3. Con la finalidad de facilitar la realización del acto de comunicación, el ciudadano podrá facilitar un número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico habitual para recibir en ellos un aviso de puesta a su disposición de un acto de comunicación por comparecencia electrónica al que podrá acceder y consultar desde Internet.
COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES MEDIANTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HABILITADA
1. También a través de la sede judicial electrónica podrán realizarse los actos de comunicación emanados de los órganos y oficinas judiciales y fiscales mediante la dirección electrónica habilitada. Para ello los ciudadanos podrán solicitar la apertura de esta dirección electrónica que permitirá:
a) Acreditar el momento en que se pone a disposición de la parte procesal el contenido de la resolución a comunicar.
b) Dejar constancia de la fecha y hora de acceso a su contenido.
c) Garantizar la identidad de usuario y su uso exclusivo por el mismo.
2. La dirección electrónica habilitada tendrá vigencia indefinida, excepto en los supuestos que sea solicitada su revocación por su titular, por fallecimiento de la persona física, extinción de la personalidad jurídica o disolución de la entidad sin personalidad, por resolución judicial que así lo ordene, o por el transcurso de cinco años sin ser utilizada para realizar acto de comunicación alguno.
COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO
Los órganos y oficinas judiciales y fiscales podrán realizar actos de comunicación en las direcciones de correo electrónico que los ciudadanos elijan siempre que en el momento del acceso al contenido de la comunicación se genere automáticamente y de forma independiente a la voluntad del ciudadano un acuse de recibo acreditativo del día y hora de la remisión del acto de comunicación y de la recepción integra de su contenido y de los documentos adjuntos.
El ciudadano deberá ser advertido expresamente que solo podrá optar por el correo electrónico como medio preferente de comunicación con la Administración de Justicia si este genera un acuse de recibo del acceso al contenido del mensaje.
COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN EDICTAL
Se publicarán en el tablón edictal de la sede o subsede judicial electrónica aquellas resoluciones y actos de comunicación que requieran por disposición legal su publicación en el tablón de anuncios del órgano u oficina judicial y fiscal.
Cualquier tratamiento ulterior de la información publicada en el tablón edictal estará sometida a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y a sus disposiciones de desarrollo.
Los sistemas de búsqueda que se implanten en el tablón edictal contarán con los mecanismos necesarios para evitar la indexación de la información contenida en el tablón y recuperación automática de los anuncios publicados por medio de motores de búsqueda desde Internet.
MENSAJES DE TEXTO
Las partes procesales y terceros intervinientes en los procesos podrán proporcionar números de dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, o direcciones de correo electrónico a través de los que puedan ponerse en contacto los órganos y oficinas judiciales y fiscales con el fin de que les sean remitidos mensajes de texto o avisos de apoyo a los actos de comunicación y que identifiquen página web o enlace donde se encuentre a disposición del destinatario el acto de comunicación y la documentación correspondiente, pero nunca con efectos procesales.
TASA JUDICIAL
La presentación telemática de la demanda determina una reducción del 10 % del importe de la tasa judicial.
LexNET y cómputo de plazos
INTRODUCCIÓN
Aunque el sistema Lexnet no altera el cómputo de los plazos procesales (arts. 132 a 134 LEC y 182 a 185 LOPJ) sí deben tenerse en cuenta los artículos 135, 151 Y 162 reformados por la Ley 42/2015.
PRESENTACIÓN DE ESCRITOS A EFECTOS DEL REQUISITO DE TIEMPO DE LOS ACTOS PROCESALESArt. 135
1. Cuando las oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia conforme al artículo 273, remitirán y recibirán todos los escritos, iniciadores o no, y demás documentos a través de estos sistemas, salvo las excepciones establecidas en la ley, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren. Esto será también de aplicación a aquellos intervinientes que, sin estar obligados, opten por el uso de los sistemas telemáticos o electrónicos.
Se podrán presentar escritos y documentos en formato electrónico todos los días del año durante las veinticuatro horas.
Presentados los escritos y documentos por medios telemáticos, se emitirá automáticamente recibo por el mismo medio, con expresión del número de entrada de registro y de la fecha y la hora de presentación, en la que se tendrán por presentados a todos los efectos.
En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente.
A efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que exijan disponer de los documentos originales o de copias fehacientes, se estará a lo previsto en el artículo 162.
2. Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo por los medios telemáticos o electrónicos a que se refiere el apartado anterior no sea posible por interrupción no planificada del servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas, siempre que sea posible se dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia, así como de los efectos de la suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento. El remitente podrá proceder, en este caso, a su presentación en la oficina judicial el primer día hábil siguiente acompañando el justificante de dicha interrupción.
En los casos de interrupción planificada deberá anunciarse con la antelación suficiente, informando de los medios alternativos de presentación que en tal caso procedan.
3. Si el servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas resultase insuficiente para la presentación de los escritos o documentos, se deberá presentar en soporte electrónico en la oficina judicial ese día o el día siguiente hábil, junto con el justificante expedido por el servidor de haber intentado la presentación sin éxito. En estos casos, se entregará recibo de su recepción.
4. Sin perjuicio de lo anterior, los escritos y documentos se presentarán en soporte papel cuando los interesados no estén obligados a utilizar los medios telemáticos y no hubieran optado por ello, cuando no sean susceptibles de conversión en formato electrónico y en los demás supuestos previstos en las leyes. Estos documentos, así como los instrumentos o efectos que se acompañen quedarán depositados y custodiados en el archivo, de gestión o definitivo, de la oficina judicial, a disposición de las partes, asignándoseles un número de orden, y dejando constancia en el expediente judicial electrónico de su existencia.
En caso de presentación de escritos y documentos en soporte papel, el funcionario designado para ello estampará en los escritos de iniciación del procedimiento y de cualesquiera otros cuya presentación esté sujeta a plazo perentorio el correspondiente sello en el que se hará constar la oficina judicial ante la que se presenta y el día y hora de la presentación.
5. La presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo.
En las actuaciones ante los tribunales civiles, no se admitirá la presentación de escritos en el juzgado que preste el servicio de guardia.
TIEMPO DE LOS ACTOS DE COMUNICACIONArt. 151
1. Todas las resoluciones dictadas por los Tribunales o Secretarios Judiciales se notificarán en el plazo máximo de tres días desde su fecha o publicación.
2. Los actos de comunicación al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado, a los Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas, o del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, así como los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente hábil a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el artículo 162. Cuando el acto de comunicación fuera remitido con posterioridad a las 15:00 horas, se tendrá por recibido al día siguiente hábil.
Transitoriamente, hasta el 1 de enero de 2018, en relación con los actos de comunicación al Ministerio Fiscal, el plazo que se establece en el artículo 151.2 será de diez días naturales (D.T. 4ª Ley 42/2015).
3. Cuando la entrega de algún documento o despacho que deba acompañarse al acto de comunicación tenga lugar en fecha posterior a la recepción del acto de comunicación, éste se tendrá por realizado cuando conste efectuada la entrega del documento, siempre que los efectos derivados de la comunicación estén vinculados al documento.
¿CUÁNDO SE ENTIENDE EFECTUADA LA NOTIFICACIÓN? CASOS DE ACTOS DE COMUNICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y SIMILARES
1. Cuando las oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación estén obligados a enviarlos y recibirlos por medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, o cuando los destinatarios opten por estos medios, los actos de comunicación se efectuarán por aquellos, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda.
Los profesionales y destinatarios obligados a utilizar estos medios, así como los que opten por los mismos, deberán comunicar a las oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados y la dirección electrónica habilitada a tal efecto.
Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia un registro accesible electrónicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos y profesionales obligados a su utilización.
2. En cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.
Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema. No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepción.
No se practicarán actos de comunicación a los profesionales por vía electrónica durante los días del mes de agosto, salvo que sean hábiles para las actuaciones que corresponda.
3. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior sólo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, podrán, no obstante, ser presentados en soporte electrónico mediante imágenes digitalizadas de los mismos, en la forma prevista en los artículos 267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso de que alguna de las partes, el tribunal en los procesos de familia, incapacidad o filiación, o el Ministerio Fiscal, así lo solicitasen, habrán de aportarse aquéllos en su soporte papel original, en el plazo o momento procesal que a tal efecto se señale.
LexNET civil formularios normalizados de trámite, iniciación de asunto e iniciador de ejecución
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBEN CONTENER LOS DIFERENTES ESCRITOS:
Resolución de 15 de diciembre de 2015 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, por la que se aprueba el modelo de formulario normalizado previsto en el art. 9.3 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET; B.O.E. nº 301, de 17 de diciembre de 2015; (SP/LEG/19002).
Escritos de trámite:
Se entenderá por Escrito de Trámite todo aquel escrito remitido a un órgano en relación a un procedimiento judicial ya incoado. Todos los Escritos de Trámite presentados ante órganos deberán incluir como mínimo la siguiente información:
1) Remitente [obligatorio]: identificación del profesional/Organismo remitente.
2) Destinatarios [obligatorio]: órgano destino y partes a las que se da traslado.
3) Fecha-hora envío [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema]: fecha y hora en la que se presentó el escrito.
4) Intervinientes: identificación de intervinientes no informados en el escrito de inicio.
5) Documentos [obligatorio]: relación de documentos que componen el escrito.
6) Datos principales del escrito:
6.1) Subsanación: indicación de si el escrito remitido es una subsanación de un escrito previo por errores de forma en el envío de aquel (tipo/n.º de procedimiento u órgano destino erróneos).
6.2) Procedimiento al que se refiere el escrito [obligatorio].
6.3) Indicadores:
6.3.1) Urgente: indicador de urgencia del escrito.
6.3.2) Guardia: indicador de escrito dirigido a Guardia
Escrito de iniciador de asunto
Se entenderá por Escrito Iniciador de asunto todo aquel escrito remitido a un órgano judicial, por el que se solicita la incoación de un nuevo procedimiento. Todos los Escritos Iniciadores presentados ante órganos deberán incluir como mínimo la siguiente información:
a) Remitente [obligatorio]: identificación del profesional/Organismo remitente.
b) Destinatarios [obligatorio]: órgano destino y partes a las que se da traslado.
c) Fecha-hora envío [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema]: fecha y hora en la que se presentó el escrito.
d) Intervinientes [obligatorio]: identificación de intervinientes.
e) Documentos [obligatorio]: relación de documentos que componen el escrito.
f) Datos principales del escrito:
iii. Datos jurisdicción civil:
1. Materia [obligatorio]: valor de tabla de materias Test compatibilidad.
2. Tipo de cuantía [obligatorio]: determinada/indeterminada/no procede.
3. Detalle de cuantía determinada:
- Divisa [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema].
- Total:
- Importe principal [obligatorio].
- Gasto protesto.
- Intereses [obligatorio].
- Reconvención independiente.
4. Indicadores adicionales:
- Violencia de género.
5. Observaciones: texto libre de hasta 1.000 caracteres.
Escrito iniciador de la ejecución
Se entenderá por Escrito Iniciador de Ejecución como todo aquel escrito remitido a un órgano judicial, por el que se solicita el despacho de ejecución de resoluciones procesales, arbitrales, de acuerdos de mediación o de títulos extrajudiciales que lleven aparejada ejecución. Todos los Escritos Iniciadores de Ejecución presentados ante órganos deberán incluir como mínimo la siguiente información:
1) Remitente [obligatorio]: identificación del profesional/Organismo remitente.
2) Destinatarios [obligatorio]: órgano destino y partes a las que se da traslado. Identificación de Profesionales/Organismos.
3) Fecha-hora envío [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema]: fecha y hora en la que se presentó el escrito.
4) Intervinientes [obligatorio]: identificación de intervinientes.
5) Documentos [obligatorio]: relación de documentos que componen el escrito.
6) Datos principales del escrito:
6.1) Indicadores:
6.1.1) Urgente: indicador de urgencia del escrito.
6.2) Datos de la jurisdicción civil.
6.2.1) Materia [obligatorio]: valor de tabla de materias Test compatibilidad.
6.2.2) Tipo de cuantía [obligatorio]: determinada/indeterminada/no procede.
6.2.3) Detalle de cuantía determinada:
-Divisa [obligatorio], cumplimentado automáticamente por el sistema.
-Total:
- Importe principal [obligatorio].
- Gasto protesto.
- Intereses [obligatorio].
- Reconvención independiente.
6.2.4) Indicadores adicionales:
- Violencia de género.
6.2.5) Observaciones: texto libre de hasta 1.000 caracteres.
6.2.6) Origen:
-En el caso de ejecuciones de título no judicial:
Organismo origen [obligatorio].
-En el caso de ejecuciones de título judicial:
Órgano origen [obligatorio]. Ver sección Identificación de Profesionales/Organismos.
Procedimiento origen [obligatorio]. Ver sección Identificación Procedimientos Incoados.
Datos de Identificación de Profesionales/Organismos
a) Profesionales colegiados:
iNombre [obligatorio].
iiApellidos [obligatorio].
iiiN.º colegiado [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema].
ivColegio [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema].
b) Organismos/entidades:
i.Nombre del organismo [obligatorio].
ii.Localización:
1. Provincia [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema].
2. Municipio [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema].
c) Unidades funcionales (órganos judiciales, unidades de registro):
i.Nombre del órgano [obligatorio].
ii.Comunidad [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema].
iii.Provincia [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema].
iv.Unidad de registro (en caso de disponer de esta) [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema].
Identificación de Procedimientos Incoados
a) Principal:
i.Tipo de procedimiento [obligatorio]: código/nombre del procedimiento.
ii.Número de procedimiento [obligatorio]: en formato xxx/aaaa.
iii.NIG [obligatorio en iniciadores de ejecución de título judicial].
b) Pieza separada:
i.Tipo de procedimiento origen [obligatorio]: código/nombre del procedimiento origen.
ii.Número de procedimiento origen [obligatorio]: en formato xxx/aaaa.
iii.Tipo de procedimiento pieza [obligatorio]: código/nombre de la pieza.
iv.Número de procedimiento pieza [obligatorio]: en formato xxx/aaaa.
v.Número de pieza.
vi.NIG.
Identificación de Intervinientes
a) Tipo de interviniente:
i.Tipo de persona [obligatorio]: física / jurídica / entidad sin personalidad jurídica.
ii.Tipo de Intervención [obligatorio]: tabla del Test de compatibilidad.
b) Datos del interviniente para persona física:
i.Tipo de Identificación [obligatorio]: tabla tipos de intervención del Test de compatibilidad.
ii.Número [obligatorio en caso de constar el tipo de identificación]: caracteres alfanuméricos.
iii.Nombre [obligatorio].
iv.Primer apellido [obligatorio].
v.Segundo apellido.
vi.Sexo.
vii.Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa).
viii.Lugar de nacimiento.
ix.País de nacimiento.
x.Nacionalidad.
xi.Nombre del padre.
xii.Nombre de la madre.
c) Datos del interviniente para persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica:
i.Tipo de identificación [obligatorio]: tabla.
ii.Número [obligatorio en caso de constar el tipo de identificación]: caracteres alfanuméricos.
iiiRazón social [obligatorio].
d) Dirección del interviniente:
i.Tipo de vía: tabla.
ii.Nombre de vía.
iii.Número.
iv.Bloque.
v.Escalera.
vi.Piso.
vii.Letra.
viii.País.
1. En caso de dirección nacional, adicionalmente:
Provincia.
Municipio.
Código postal.
2. En caso de dirección internacional, adicionalmente:
Ciudad/localidad.
e) Representantes procesales:
i. Tipo de representación [obligatorio, en caso de informar un representante]: tipos de representación del Test de Compatibilidad.
ii. Datos del representante [obligatorio, en caso de informar un representante]. Ver Identificación de Profesionales/Organismos.
SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que, según dispone el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (BOE del 28-02-2015, en vigor desde el 1 de marzo de 2015), están exentos de la tasa las personas físicas en todo caso. Así lo dispone el art. 4.2.a) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre en su nueva redacción dada por el citado Real Decreto Ley cuando determina " 2.Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso exentos de esta tasa: a) Las personas físicas."
Igualmente señala el art. 8.1 parrafo 2º de dicho cuerpo legal en su redacción vigente dada por el Real Decreto-ley 1/2015 que "No obstante, no tendrán que presentar autoliquidación los sujetos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 4" por lo que no es necesario presentar modelo 696.
Por lo que,
SUPLICO AL JUZGADO/SALA que tenga por hecha la manifestación anterior a los efectos legales oportunos.
Es justicia que pido en ……………., a …… de ........ de ……………..........
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