Calculador de Tasas Judiciales
Facultades de control del Secretario y Tribunal sobre la base imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional
Antonio Fraga Mandián. Magistrado
Comentario al AAP A Coruña de 6 de noviembre de 2014
El objeto del presente comentario se va a ceñir a una cuestión fundamental, cual es si el Secretario, y eventualmente el Tribunal, en aplicación del art. 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan Determinadas Tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, puede fiscalizar la base imponible por la que se liquida la tasa (según el art. 6 de la Ley citada, es la cuantía del procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a las normas procesales), o simplemente ha de verificar que se aporta el justificante de autoliquidación, cumplido lo cual, y sin más control, ha de proceder a dar curso al procedimiento sin poder examinar si la cuantía por la que se liquida se corresponde con la del procedimiento; esto es, ¿hasta dónde alcanza el deber de colaboración de los Secretarios con la Administración Tributaria en la gestión de los tributos, impuesto por el art. 460 LOPJ? Y enlazando con esto, ¿cuál es la intervención del Juez o Tribunal?
Sobre este extremo se ha pronunciado el auto que subtitula el presente análisis, recaído en respuesta a un recurso de queja frente al auto que inadmitía un recurso de apelación por no subsanar el defecto de una autoliquidación que no se ajustaba a la cuantía del procedimiento.
Como vemos, en primer lugar, se alude a que es inexacto sostener, con referencia al ámbito procesal civil, que la cuantía de un recurso de apelación es necesariamente la misma que la correspondiente a la primera instancia (FJ Tercero).
De este particular ya nos hemos ocupado en el artículo "Posible inconstitucionalidad y base imponible de la tasa judicial en la apelación civil", Cuaderno Jurídico sepín Proceso Civil n.º 117, 4.º trimestre de 2014, y lo hacíamos en los siguientes términos:
"Base imponible de la tasa por la interposición del recurso de apelación contra sentencias en el orden civil:
Sobre esta cuestión se ha pronunciado la Dirección General de Tributos en diversas consultas.
En la Consulta V2531-13, de 29 de julio de 2013 (SP/DGT/44515), se planteaba la cuestión de si la base imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social debe corresponderse a la cuantía fijada en primera instancia o con el valor de los pronunciamientos impugnados".
A la pregunta se daba respuesta en los siguientes términos:
"En relación con la cuestión planteada, este Centro Directivo informa lo siguiente: Como pone de manifiesto el artículo 6 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, es la cuantía del procedimiento o del recurso la que se tiene en cuenta para determinar la base imponible de la tasa judicial, la cual no tiene por qué coincidir en primera y segunda instancias, sino que dependerá de la pretensión que se formule en cada una de ellas. En el caso concreto planteado en la consulta, si en primera instancia se ha desestimado una pretensión en su totalidad habrá coincidencia de cuantías en apelación, pero si hubiera habido una estimación parcial y se recurre por la diferencia, será esta la que determine la parte variable a aplicar a la tasa que, por tanto, no coincidirá con la de la primera instancia".
En la Consulta V1405-13, de 24 de abril de 2013 (SP/DGT/43113), se preguntaba cuál era la cuantía aplicable en una tasa judicial por la interposición de un recurso de apelación, y se da respuesta en el modo siguiente:
"En relación con la cuestión planteada, este Centro Directivo informa lo siguiente: La tasa a abonar por la interposición de un recurso de apelación está constituida por una parte fija de 800 euros, a la que se suma otra variable en atención a la cuantía del litigio sobre la que se aplica un porcentaje del 0,5 por 100 cuando el recurrente sea una persona jurídica y del 0,1 por 100 cuando sea una persona natural, en los términos que se contienen en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, modificada por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero. En relación con un mismo asunto, es posible que la cuantía que se reclame en la primera instancia y en el recurso de apelación no sea la misma, bien porque en la primera instancia se reconoció parte de la pretensión, bien porque se recurran solo determinados pronunciamientos o extremos de la sentencia, o por alguna otra circunstancia que así lo haya provocado. Por esta razón, la parte variable de la tasa tampoco tiene por qué ser la misma y se adecuará a la cantidad que efectivamente se reclame en el recurso de apelación".
Discrepamos de este criterio, sintiéndolo por lo que afecta a los profesionales.
El art. 6.1 de la Ley 10/2012, de 2 de noviembre, por la que se regulan Determinadas Tasas en el Ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, establece que "La base imponible de la tasa coincide con la cuantía del procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a las normas procesales".
De acuerdo con este precepto, habrá de acudirse, en nuestro caso, a la LEC para determinar la cuantía del procedimiento, y así establecer la base imponible sobre la que aplicar el tramo variable de la tasa (art. 7 de la Ley citada).
En el orden jurisdiccional civil, no se puede sostener que existe una cuantía para el recurso diferente a la del propio procedimiento.
En la LEC no existe una cuantía del recurso diversa de la cuantía del procedimiento y, por tanto, ha de estarse a esta última, que se fija en los arts. 251 y 252. Ciertamente, el artículo transcrito alude a "recurso", pero ello ha de referirse al orden jurisdiccional social y no, por tanto, a los medios de impugnación existentes en el civil (apelación, casación o extraordinario por infracción procesal).
En el derogado art. 35.Cinco.1 de la Ley 53/2002, se establecía: "La base imponible coincide con la cuantía del procedimiento judicial, determinada con arreglo a las normas procesales (...)". Como vemos, en este precepto no se aludía a la cuantía del recurso, sino únicamente a la cuantía del procedimiento.
La razón por la que el art. 6.1 de la Ley 10/2012 distingue, a la hora de determinar la base imponible, por un lado, entre el procedimiento judicial, y por otro, el recurso, deviene, conforme a lo razonado, de la creación de un nuevo hecho imponible, que, a diferencia de lo dispuesto en el apartado uno del art. 35 de la derogada Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, contempla el recurso de suplicación y casación. No era, pues, necesario aludir en este último precepto a "recurso", pues la base imponible en el orden civil y contencioso-administrativo era la cuantía del procedimiento. Mas cuando se introduce un nuevo hecho imponible, como es el recurso de suplicación (además del recurso de casación) en el orden jurisdiccional social, se hace necesario añadir tal vocablo, porque el recurso de suplicación en las normas procesales de la jurisdicción social sí tiene una cuantía que puede ser distinta a la del procedimiento.
En efecto, en el orden social, la palabra "recurso" ha de referirse al recurso de suplicación (que es hecho imponible en este orden, unido al recurso de casación) y respecto al que sí se regula una cuantía específica (que, por tanto, puede ser diversa de la del procedimiento) en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, concretamente en su art. 192. La cuantía del procedimiento vendría dada por la LEC, que es de aplicación supletoria (Disposición Final Cuarta de la Ley 36/2011) y que puede ser diversa a la del recurso de suplicación.
De este modo, y en el orden jurisdiccional civil, para determinar la base imponible se hace necesario acudir a los arts. 251 y 252 LEC, donde se establecen los criterios para determinar la cuantía del procedimiento en función del objeto litigioso.
Como avanzamos, ni en tales reglas, ni en ninguna otra, se contempla norma alguna que regule de manera específica la cuantía de los recursos, por lo que, y como consecuencia de ello, la cuantía, tanto para la fase de primera instancia como para la de recurso, ha de ser la cuantía del procedimiento. Y es que en el orden procesal civil solo existe una cuantía, que es la del procedimiento.
En la LEC, de acuerdo con el art. 251, párrafo primero, la cuantía se fija por el "interés económico de la demanda". En ningún precepto se alude al interés económico del recurso. Es más, la summa gravaminis que se fija como límite para el acceso a los recursos se determina precisamente por la cuantía del procedimiento, y no de los pronunciamientos objeto de impugnación (véanse los arts. 455.1 LEC, para el recurso de apelación, y 477.2.2.º y 3.º LEC, para el recurso de casación).
Finalmente, pongamos un ejemplo para ilustrar sobre lo erróneo del criterio mantenido por las consultas transcritas. Si, dictada sentencia, solo se apelara por el pronunciamiento de costas, ¿cuál sería la cuantía? Reparemos en que desconocemos el importe de las mismas (evidentemente, no han sido tasadas) y cuando el recurrente no lo fija, siguiendo la tesis de la DGT, tendríamos que acudir a la cuantía indeterminada, con lo cual cabe la posibilidad de encontrarnos con que la base imponible (en tal caso sería de 18.000 €, conforme al art. 6.2 de la Ley 10/2012) podría ser superior a la del propio procedimiento (piénsese, por ejemplo, en una reclamación de cantidad de 1.000 €). Es decir, de acuerdo con el criterio de aquel organismo, la cuantía del recurso sería la que correspondiera al pronunciamiento impugnado, esto es, las costas, y al carecer de cuantía determinada al respecto, habríamos de cifrarla, a los efectos de establecer la base imponible de la tasa, en 18.000 €, que nos llevaría al absurdo, en todos aquellos supuestos en los que la cuantía del procedimiento fuera menor, de que la base imponible, y consecuentemente la tasa, fuera mayor en el recurso, pese a ser una impugnación parcial, que en el propio procedimiento. Es más, para corroborar lo irrazonable del criterio de la DGT, sería más económico, en tales supuestos, recurrir todos los pronunciamientos que solo el de costas. Por último, y en este ejemplo, conviene reparar en que el art. 252, regla 2.ª, párrafo segundo, LEC, se determina que no se toma en cuenta para determinar la cuantía la "petición de condena en costas", con lo cual y de recurrir solo este pronunciamiento, se nos presenta un problema de fijación de cuantía cuando la propia LEC no toma en cuenta esta petición, y recordemos que la base imponible es la cuantía del procedimiento determinada "con arreglo a las normas procesales", norma procesal que no tiene en consideración a tales efectos la petición de condena en costas.
En definitiva, la base imponible para calcular la tasa en el recurso de apelación en el orden civil es la del procedimiento.
Manteniéndonos en esta tesis y con los argumentos expuestos, únicamente cabría preguntarse que si, como afirma el auto de la AP A Coruña, la cuantía de la primera instancia no es la misma que la del recurso, ¿cuál sería la de este con arreglo a la LEC? Y es que, como exponemos en aquel artículo doctrinal, no existe norma alguna en la Ley Procesal que distinga entre cuantía de la primera instancia y cuantía del recurso, la base imponible es la cuantía del procedimiento, y en el ámbito procesal civil, con arreglo a los preceptos de la LEC solo existe una cuantía del procedimiento para todas las instancias. El auto únicamente afirma, lo cual es obvio, que el interés económico de la primera instancia puede ser diverso al del recurso, pero no explicita qué norma de la LEC permite diferenciar uno y otro, a efectos de determinar la cuantía del recurso y, por ende, la base imponible de la tasa. Además, en el caso concreto, la parte consintió la diligencia de ordenación en la que se acordaba requerir para subsanar, admitiendo de este modo la necesidad de tal complemento, extremo que obvia el auto del Tribunal ad quem. Por último, el recurso de queja versó precisamente sobre cuál era la base imponible a tener en cuenta sin asomo del criterio que finalmente adopta el Tribunal.
En todo caso, la cuestión nuclear que nos interesa no es la anterior, sino cuál es el ámbito de actuación del Secretario ante la aportación de un justificante de autoliquidación que establece como base imponible una cuantía diversa a la fijada en el procedimiento. En esta situación, el Secretario, ¿ha de tener por cumplida la exigencia del art. 8 de la Ley de Tasas con la mera aportación del justificante de pago o está facultado para exigir la subsanación mediante una liquidación complementaria, si la base por la que se autoliquidó es inferior a la cuantía del procedimiento?
En el caso enjuiciado por la AP A Coruña, la Secretaria optó por la segunda postura, y lo hizo a medio de diligencia de ordenación requiriendo para una liquidación complementaria (resolución firme, por cierto) y el auto analizado, como hemos visto, cercena las posibilidades de control de la Secretaria a la mera y llana comprobación de la aportación del justificante, esto es, un mero control formal y no de contenido.
En la misma línea del AAP A Coruña podemos citar:
1.ª La SAP Navarra de 29 de abril de 2013 (SP/SENT/722924), que determina:
"TERCERO. Una primera cuestión debe analizar la Sala, relativa a la admisibilidad del recurso de apelación formulado por la Comunidad de Propietarios de la calle ... n.º ... de Pamplona, cuya admisibilidad cuestiona la parte demandante apelada.
No puede compartirse con la parte apelada que la parte apelante no haya cumplido con la obligación establecida por la Ley 10/2012, ya que como la propia parte apelada admite y no discute, la parte apelante ha cumplido con la obligación de constituir la tasa , por lo que la circunstancia relativa a la «insuficiencia cuantitativa» en atención a la base imponible es un extremo que podrá tener su trascendencia tributaria pero no se puede convertir en inexistencia de la obligación que dificulte el acceso al recurso, pues el art. 8.2 y 3 de la Ley 10/2012 (modificada por el RD Ley 312013) no establece efecto procesal en caso de insuficiencia".
2.ª La SAP Valencia de 29 de mayo de 2014 (SP/SENT/810767) se posiciona en contra de la verificación de la corrección de la base imponible al remitirse a la anterior SAP Navarra, si bien realmente el supuesto enjuiciado en aquella versaba sobre la falta de ingreso de la cuota variable y no sobre la incorrección de la base imponible.
En sentido contrario, y permitiendo al órgano judicial la verificación de la base imponible, podemos citar las siguientes resoluciones:
1.ª En la Sentencia de la AP Murcia de 27 de junio de 2014 (SP/SENT/774102) se sigue un criterio amplio; en efecto, en el mismo se determina:
"(...) El artículo 8.2 de la Ley 10/12 en la redacción dada por el RD Ley 3/2013, de 22 de febrero, señala que «El justificante de pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo.
En caso de que no se acompañase dicho justificante, el Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte en el plazo de diez días, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial al que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda». De la dicción de dicho artículo se destacan dos principios básicos: a) la falta de aportación de la tasa determina la oportunidad de subsanación de dicho defecto en el plazo de diez días y b) solo en caso de no subsanación se tendrá el escrito por no presentado con los efectos correspondientes según el trámite procesal en el que se genere dicha tasa.
En consecuencia con dichos principios la falta de presentación de la tasa es un defecto esencialmente subsanable por disposición legal, subsanación que abarcará tanto la no presentación del modelo de la tasa debidamente validado, como el pago posterior de la tasa, como el pago íntegro de la tasa en caso de haberse liquidado en menor cantidad. No es posible dar otra interpretación al texto legal, de tal manera que el efecto derivado del no pago de la tasa solo será aplicable en aquellos casos en los que no ha sido subsanado por el obligado al pago tras ser requerido expresamente para ello por parte del Secretario judicial correspondiente. A sensu contrario, si tras dicho requerimiento el obligado procede al pago de la tasa judicial correspondiente el escrito sometido a tasa producirá plenos efectos en el procedimiento. No puede olvidarse que están en conflicto en este caso el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a los recursos y el cumplimiento de normas de legalidad ordinaria que restringen dicho derecho al imponer el pago de una tasa, de tal manera que la interpretación que se lleve a cabo de dicha norma será siempre restrictiva y favorecedora del acceso al recurso una vez que se cumplan las previsiones de abono de la tasa y ello aunque tal pago se haya llevado a cabo después de la expiración del plazo para la presentación del escrito, en este caso, después de la expiración del plazo para la interposición del recurso de apelación.
(...) Lo mismo puede decirse con respecto al pago del importe íntegro de la tasa judicial, pues se abonó como si fuese de cuantía indeterminada cuando el procedimiento tenía una cuantía concreta que superaba los dos millones de euros. Por ello, en aplicación del artículo 8.2 de la Ley 10/2012, la Secretaria judicial requirió al apelante en diligencia de ordenación de fecha 19 de abril de 2013 (folio 1166) para que en el plazo de diez días practicara la correcta autoliquidación, lo que fue cumplimentado dentro de dicho término por la parte apelante (folio 1183) y solo después de ello se dio trámite al recurso de apelación por diligencia de ordenación de 14 de marzo de 2014. En definitiva, el órgano judicial de instancia acomodó su actuación a lo previsto en la Ley 10/2012 y por ello el defecto relativo a la tasa está subsanado en legal forma, por lo que no concurre causa alguna de inadmisión del recurso ni por ello de desestimación por este motivo, por lo que procede entrar a conocer del fondo del asunto".
2.ª La SAP Albacete de 3 de abril de 2014 (SP/SENT/762130) también asume la posibilidad de control de la base imponible de la tasa, hasta el punto de que, requiriendo para la subsanación por no aportación del justificante y aportado este con una base imponible errónea, inadmite el recurso y, además, sin ni siquiera permitir la subsanación mediante una liquidación complementaria. La resolución se expresa en los siguientes términos:
"PRIMERO. Con carácter previo al examen de las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, ha de resolverse sobre la admisibilidad del mismo, cuestión previa planteada por la parte apelada, y ello por cuanto que la parte apelante interpuso recurso de apelación, sin acompañar la autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que se refiere a la Ley 10/2012, por lo que el Juzgado requirió al apelante —f. 437— para que subsanase tal omisión, bajo apercibimiento de no dar curso al escrito hasta que la omisión fuera subsanada, procediéndose por la parte apelante a la subsanación de dicho defecto, mediante la aportación de la autoliquidación de la tasa, pero no por el importe legalmente establecido (tal como verificó en 2012 —f. 324—) sino por la inferior cantidad 801 €, señalando como cuantía del procedimiento 18.000 €, cuando se había fijado en auto de 29 de Septiembre de 2011 la cuantía de la demanda reconvencional en 405.272,7 € —f. 280— (y la parte conocía, tal como resulta de la anterior interposición del recurso de apelación). Por tanto no se subsanó en forma el citado defecto de admisibilidad del recurso y en consecuencia necesariamente debe entenderse que el recurso es inadmisible, por lo que entendiendo que las causas de inadmisión son causas de desestimación del recurso procede la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.
Efectivamente el artículo 8 de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, conforme a la modificación llevada a cabo en virtud del Real Decreto-Ley 3/2013 de 22 de febrero, establece en su apartado 2 que «el justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo. En caso de que no se acompañase dicho justificante, el Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte en el plazo de diez días, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda»".
3.ª Sentencia de la AP Bilbao de 4 de febrero de 2014 (SP/SENT/777286). En esta resolución, y a la hora de interpretar el art. 8.2 de la Ley 10/2012, acude al contenido de la Instrucción 4/2013, norma en la que se obliga al Secretario Judicial a requerir al sujeto pasivo de la tasa para que adecue la autoliquidación a la base imponible determinada con arreglo a la cuantía del procedimiento. Expone esta resolución: "Por último resulta de interés relevante a la hora de interpretar los anteriores preceptos la Instrucción 4/2013 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, sobre unificación de criterios en la comunicación de datos a realizar por las Oficinas Judiciales y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en relación a la tasa regulada en la Ley 10/12 de 20 de noviembre, en el ámbito de la Administración de Justicia, pues en su artículo Cuarto, apartado 2 se establece literalmente que «en los supuestos en que la cuantía consignada como base imponible sea inferior a la cuantía del procedimiento determinado según las normas procesales, el Secretario Judicial requerirá al sujeto pasivo para que en el plazo de diez días presente autoliquidación complementaria bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del número dos del artículo 8 de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre».
Pues bien, con estos antecedentes normativos y atendiendo en particular a la interpretación unificadora que se contiene en la antedicha Instrucción, está claro que la Diligencia de ordenación dictada el día 13 de junio de 2013 admitiendo el recurso de apelación es correcta y ajustada a derecho, pues dicha admisión del recurso se efectuó cuando, tras haberse advertido que el recurso de apelación afectaba no solo a la reconvención sino también a la demanda y haber sido requerido al efecto la representación de la parte actora apelante, dentro del plazo asignado, la representación de la parte apelante efectuó la correspondiente autoliquidación complementaria y justificó el abono correspondiente de la tasa complementaria, debiendo por ello reputarse correctamente admitido también el recurso de apelación".
4.ª La SAP Bilbao de 19 de diciembre de 2013 (SP/SENT/810728) da por hecho que es factible y obligado el control de la base imponible, al entrar a razonar cuál era la correcta en el caso enjuiciado, exponiendo:
"A la prosperabilidad del recurso de apelación se opone la parte apelada, aduciendo, en primer lugar y sin perjuicio de la defensa de la resolución recurrida con reiteración de sus razones de fondo aducidas a la oposición de la rendición de cuentas, la inadmisibilidad del recurso de apelación al haber incumplido incorrectamente la parte apelante con el abono de la tasa derivada de la Ley 10/12, pues no habiendo aportado la misma con el escrito de interposición del recurso de apelación, requerido por la Sra. Secretaria al efecto, sin posibilidad por ello de ulterior subsanación, resulta que el documento que acredita su pago evidencia que se ha considerado el asunto a los efectos de la base imponible como de cuantía indeterminada, cuando lo cierto es que ello no es así, dado que el procedimiento tiene cuantía concreta, cual es el importe de la rendición de cuenta o al menos, en la cantidad que de ellas se deduce se ha de pagar a esta parte 154.900,12 euros.
Pretensión de inadmisibilidad que ha de ser desestimada, pues no cuestionada la procedencia del devengo de la tasa por las partes ni la Sra. Secretaria, pese a la redacción del art. 4 n.º 1 i) de la Ley de Tasas, resulta que no puede considerarse incorrecta la consideración como de cuantía indeterminada del presente asunto, en la medida en que no se ha de confundir lo que es una mera obligación de hacer, cual es rendir cuentas con el contenido económico de las mismas en sí, pues no se busca un resultado concreto sino la evolución de una masa patrimonial, como el caudal hereditario con sus ingresos y gastos que con el paso del tiempo han evolucionado, y por tanto con distinto valor o situación patrimonial en las distintas fases de la administración, no existiendo constancia del coste que supondría que otro lo hiciera o del daño y perjuicio de su incumplimiento, si como parece debe considerarse hacer personalísimo (art. 251 n.º 11 LEC)".
5.ª La SAP Valladolid de 26 de noviembre de 2013 (SP/SENT/742883) también sostiene la posibilidad de completar la autoliquidación y, por ende, la facultad del Secretario de controlar la base imponible mediante la determinación de la cuantía del procedimiento. Esta resolución dispone:
"Comenzando como es lógico por la cuestión previa suscitada por la parte recurrida, hemos de decir, que el mero incumplimiento cuantitativo de la base imponible de la tasa, no justifica la inadmisión del presente recurso sin perjuicio en su caso de la subsanación y complemento que proceda con respecto al importe abonado".
Como bien se advierte en la mayor parte de las resoluciones citadas, las posibilidades de control del Secretario y la consecuente subsanación se extienden no solo al dato formal de aportación del justificante de pago, sino también a que el mismo se ha llevado a cabo sobre la base imponible correcta.
En la tesitura de inclinarnos por una u otra postura, creemos que la tesis del control formal tiene mayores argumentos para su defensa, si bien con algún matiz de relevancia que exponemos a continuación.
A mayores de los expuestos en el auto objeto de comentario, e incluso abundando en ellos, podemos referir los siguientes:
a) La interpretación literal del art. 8.2; en efecto, el precepto establece expresamente que "En caso de no aportarse dicho justificante, el Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte (...)". Por lo tanto, la subsanación solo está indicada para la ausencia de justificante del pago de la tasa, y no para el supuesto de que se haya liquidado de modo incorrecto.
b) La interpretación finalista de la propia Ley de Tasas, esto es, si con tal norma se pretende que el ciudadano pague por los servicios que recibe de la administración de justicia (véase el Preámbulo de la norma), tal objetivo se consigue también con el mero control formal. Pensemos, por ejemplo, en un caso extremo, cual es que un procedimiento de cuantía de 1.000.000 €, la autoliquidación se haga por 1.000 €, aportado el justificante y con aquel control meramente documental, se admite a trámite el escrito correspondiente, aun así la Administración Tributaria puede todavía exigir una correcta liquidación y alcanzar el fin perseguido por la norma; por el contrario, si se facultase al Secretario (para exigir subsanación) y al propio Juez (que habría de intervenir para la inadmisión del escrito, caso de no llevarse a cabo la subsanación) para fiscalizar la base imponible, la resolución procesal sobre tal extremo podría vedar el acceso a la jurisdicción, aun cuando la Administración Tributaria considerase, bien antes, bien después, que la autoliquidación había sido correctamente realizada por el sujeto pasivo, mas la tutela judicial ya se habría denegado, sin remedio en algunos casos (como en el supuesto de los recursos). Es decir, el control formal o documental permite mantener la tutela judicial y el pago por la utilización del servicio, sin merma de ninguno de tales fines, y por el contrario, el control de contenido podría lacerar de modo muy grave el derecho al acceso a la jurisdicción.
c) La Instrucción 4/2013 de la Secretaría General de la Administración de Justicia establece que, en los supuestos en que la cuantía consignada como base imponible sea inferior a la cuantía del procedimiento determinada según las normas procesales, el Secretario Judicial ha de requerir al sujeto pasivo para que en el plazo de 10 días presente la autoliquidación complementaria bajo apercibimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del número dos del art. 8 de la Ley 10/2012, esto es, la preclusión del acto procesal y la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según corresponda. Esta norma ha servido en alguna resolución para llevar a cabo una interpretación del art. 8.2 que impone la necesidad de un control de la base imponible por parte del órgano judicial, del Secretario en primer término y del Juez, en su caso, ulteriormente. Sin embargo, aquella no deja de ser una instrucción que en modo alguno vincula al Juez o Tribunal (sometido únicamente al imperio de la Ley, según disponen el art. 117.1 CE y el art. 1 LOPJ), y por lo tanto, podrá servir de guía interpretativa pero no vincula.
Dicho lo anterior, tampoco podemos obviar que el Secretario sí está obligado a aquel control material (de la base imponible), no pudiendo limitarse a un control formal de aportación del documento de autoliquidación. Y ello es así porque lo imponen los arts. 440, 452.1 (dependencia jerárquica, a salvo la función de fe pública judicial) y 465.8 (cumplimiento de las instrucciones generales), pudiendo incurrir en responsabilidad disciplinaria por falta muy grave o grave [art. 536 A) 10, B) 1, respectivamente, todos ellos de la LOPJ].
Sí conviene precisar que, en todo caso, y con arreglo a esta Instrucción, la verificación del Secretario Judicial ha de limitarse a la base imponible, y no a otros aspectos de la relación jurídico-tributaria (tipo o cuota, por ejemplo). A primera vista, podría parecer un sinsentido que la Instrucción otorgue el control sobre un extremo de los componentes del tributo (la base imponible) y no sobre otros, pero ello tiene su lógica si reparamos en que la base imponible se vincula en el art. 6.1 de la Ley 10/2012 a la "cuantía del procedimiento judicial o recurso", aspecto este netamente procesal, y en cuya determinación el Secretario tiene un papel de relevancia.
Llegados a este punto, nos encontramos con que la intervención del Secretario y el Juez es diversa. Así, en primer lugar, el Secretario Judicial, cumpliendo la Instrucción, ha de examinar que la base imponible tenida en cuenta para la autoliquidación coincide con la cuantía del procedimiento, y de no ser así habrá de requerir de subsanación para una liquidación complementaria. Si esta se produce de modo correcto, el escrito será admisible, con las consecuencias procesales que corresponda; por el contrario, si no se subsana en los términos indicados por el Secretario, será el Juez el que intervenga, libre de la atadura que para el Secretario supone la Instrucción (sin perjuicio de que la pueda utilizar como elemento interpretativo ex art. 3 CC) y podrá llevar a cabo una interpretación de la exigencia del art. 8.2 en los términos expuestos, esto es, bien considerar que es exigible un control de contenido (repetimos, limitado a la base imponible), bien únicamente un control formal (la mera aportación del justificante); esto, por ejemplo, en un recurso de apelación supondría la inadmisión del recurso (con la primera tesis) y la admisión con la segunda.
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