Calculador de Tasas Judiciales
¿Interpongo un monitorio o me voy directamente al verbal u ordinario?
Esta pregunta suscita múltiples dudas de cara a los costes del proceso y otras cuestiones entre los que se encuentran las diferencias de importe en la cuantía de la tasa, la eventual condena o no en costas y las diferentes posibilidades alegatorias
I. Planteamiento
Ante la existencia de una deuda, ¿interpongo un monitorio o acudo directamente al declarativo?
Esta sencilla pregunta nos la hemos planteado mil veces todos los letrados y, desde luego, es muy difícil dar una respuesta tajante. Tan solo se pretende poner de manifiesto algunos de los criterios que hay que tener en cuenta, algunas de las ventajas e inconvenientes que una y otra opción pueden presentar para poder tomar –al menos teóricamente en la cabeza– la decisión más acertada posible.
Y, en cualquier caso, esa decisión será acertada o no tan solo a priori porque solo cuando el iter judicial acabe y se recupere –o no–, la suma adeudada se podrá constatar: 1.º Si el monitorio ha sido una pérdida de tiempo. 2.º Si nos habrá salido caro o barato. 3.º Si la elección del procedimiento escogido ha devenido finalmente en un error, puesto que se han abierto las posibilidades dilatorias o de éxito a las alegaciones defensivas de los deudores demandados.
Porque hay dos realidades: en primer lugar, es imposible anticipar qué hará el deudor; si pagará ante la intimación que supone el monitorio o, por el contrario, manifestará una actitud hostil y opositora al requerimiento. En segundo lugar, los avatares del procedimiento.
¿Es posible efectuar una previsión razonable sobre estas variables y acertar? Por mucha experiencia que se tenga, yo creo que no.
Pero centrando el tema veamos algunas de las variables que hay que tener en cuenta siempre partiendo de que es conocido por todos que el monitorio (me centraré en el general y no en el de Propiedad Horizontal) no es una obligación, sino una opción. Es un procedimiento de utilización potestativa como se deduce claramente del art. 812 LEC cuando emplea la palabra "Podrá acudir al monitorio (...)".
Para ello, se parte de tres ejemplos de reclamaciones dinerarias de distintas sumas por una persona física que intentan abarcar, a su vez, diversas opciones de procedimiento, tasa y postulación:
– Una reclamación de 1.500 euros (verbal de postulación no obligatoria).
– Una reclamación de 3.000 euros (verbal de postulación obligatoria).
– Una reclamación de 8.000 euros (ordinario de postulación obligatoria).
II. Tasa judicial
Si optamos por el monitorio y no acudimos al declarativo, la reclamación de 1.500 euros estaría exenta de tasa judicial; sin embargo, la reclamación de 3.000 euros y la de 8.000 exigirían una tasa de 103 y 108 euros, respectivamente.
Si optamos por acudir directamente al verbal u ordinario y prescindir del monitorio, la reclamación de verbal por la suma de 1.500 euros estaría exenta de tasa, la de verbal de 3.000 devengaría una tasa de 153 euros y la reclamación de 8.000 euros en el ordinario una tasa de 308 euros.
Pudiera así pensarse una primera conclusión: es más barato el monitorio (en el caso del ordinario, 200 euros más barato). Sin duda. Pero hay que hacer una importante precisión:
En el monitorio si el deudor paga dentro del plazo del requerimiento (20 días) no hay costas –como regla general con la excepción del monitorio de Propiedad Horizontal–, por lo que se produce la tremenda injusticia de que no se recupera nunca la tasa o, dicho de forma clara, nuestros clientes jamás recuperarán los 103 o 108 euros en los casos expuestos. Sin embargo, en el verbal u ordinario, aunque se allanen, podríamos intentar las costas (ex art. 395 LEC) y, desde luego, si se triunfa en la sentencia, se recuperarían al incluirse en las costas el importe de la tasa (ex art. 241.1.7 LEC).
¿Pagar más con posibilidades de recuperación de lo invertido o pagar menos a fondo perdido en caso de pago? Esta será la elección que habrá de tomarse.
Si el monitorio deviene finalmente en declarativo, advertimos que el verbal no tendría tasa, aunque, si la sentencia fuera estimatoria con costas, podría recuperarse la del monitorio, y si la conversión fuera en ordinario, se descontaría la ya abonada y se podría recuperar con la eventual condena en costas.
III. Honorarios de abogados y procuradores
Si optamos por el monitorio y no acudimos al declarativo, hay que pensar que, como los deudores comparezcan y paguen, no hay costas, con lo cual nuestros clientes nunca podrán recuperar del deudor nuestros honorarios.
Si optamos por acudir directamente al verbal u ordinario y prescindir del monitorio, está claro que es más fácil que nuestros clientes recuperen el coste de nuestros servicios, o al menos una parte.
Aunque aquí hay que distinguir entre la reclamación de verbal de 1.500 en la que solo recuperaríamos los gastos de defensa y representación si conseguimos que el Juzgado aplique el art. 32.5 LEC, de la de verbal de 3.000 y la de ordinario por 8.000 euros en el que nuestros clientes se verían resarcidos del gasto que les supone la postulación que la Ley impone siempre con el límite del tercio respecto de los profesionales (abogados y otros) no retribuidos por arancel.
IV. Competencia
Si optamos por el monitorio, sí o sí deberemos pleitear en el domicilio del deudor demandado (art. 813 LEC). Esto a veces supone serios inconvenientes al obligarnos a pleitear muy lejos de nuestro entorno y desde luego no cabrían los posibles pactos de sumisión expresa o tácita. Por otro lado, si somos muy estrictos en aplicación del art. 813 LEC, siempre habría que acudir al domicilio social, sin que sea posible el uso de las opciones más amplias que conceden los arts. 50 y 51 LEC (agencia, sucursal, domicilio profesional, etc.).
Lo mismo sucede en los dos verbales que utilizamos de ejemplo: tanto el verbal de 1.500 euros como el verbal de 3.000 euros nos obligarían a pleitear en el domicilio del demandado –partiendo que no hay regla imperativa–, pero aquí hay una pequeña diferencia con el monitorio, porque, aunque es cierto que no caben en los verbales sumisiones, el Juzgado a lo mejor no se apercibe de la falta de competencia y aquí no cabe la apreciación de oficio como en el monitorio, sino tan solo mediante la formulación de declinatoria. Además, los verbales permiten ampliar el concepto de domicilio con las posibilidades que regulan los arts. 50 LEC(persona física) y 51 LEC (persona jurídica).
En el ordinario tenemos todo el amplio juego competencial de las citadas reglas generales (arts. 50 y 51 LEC) y encima cabe sumisión.
V. Posibilidades alegatorias y de defensa
El verbal directo tiene riesgos que deben ponerse de manifiesto. De todos es sabido que el verbal para el demandante supone mostrar todas sus armas y en la vista esperar las sorpresas que le reserve el demandado y de las que difícilmente se podrá defender salvo que disponga de amplias dotes adivinatorias. Lo mismo sucederá a la hora de proponer prueba o de examinar las documentales que lleve el demandado a la misma vista y para lo que dispondrá de escasos minutos (salvo que se siga la práctica de algunos Juzgados de exigir la previa aportación de documental y pericial o salvo que su Señoría acepte la suspensión).
Sin embargo, aquí el monitorio tiene ciertas ventajas en aras de la paridad de armas, porque obligará al deudor a mencionar y el acreedor podrá "atisbar" al menos sucintamente por dónde van a ir los tiros de la oposición, tanto en el monitorio como en el declarativo posterior. Y si damos con un Juzgado que además no permite en la vista añadir nuevos motivos, le posibilitaría ir a la vista con pleno conocimiento de todos y cada uno de los motivos de oposición para así refutarlos durante la celebración de la misma y proponer prueba al efecto. Además, no olvidemos que la mayoría señala que tanto la actora como la demandada pueden una vez archivado el monitorio y convertido en verbal aportar documentos a la vista.
Si el monitorio se transforma en ordinario o se decide acudir directamente al ordinario, no habrá problemas, habrá plenas posibilidades alegatorias y aclaratorias y también probatorias para el acreedor y también para el deudor.
VI. Posibles ampliaciones objetivas y subjetivas de demandas y/o reclamaciones de intereses
Cuando estamos ante el incumplimiento de obligaciones periódicas o sucesivas, sin duda es mucho mejor el declarativo directo que el monitorio, ya que en el verbal –pese al silencio legal– hay quien sostiene que hasta la vista o hasta unos días antes siempre que se garantice que no hay indefensión del demandado podrá ampliarse objetiva y subjetivamente la demanda, insisto, tema este muy discutible.
Lo mismo sucede con el ordinario donde la Ley fija el momento preclusivo de la ampliación en un momento posterior a la contestación (art. 401) e, igualmente, es posible la ampliación subjetiva aceptando el litisconsorcio (art. 420) e incluso por vía de alegación complementaria del art. 426 LEC aceptada por el deudor. Todo ello permite –con el consabido respeto a la prohibición de mutatio libelli– introducir cambios y ampliaciones en la petición. En los declarativos la condena de futuro prevista en el art. 220 LEC se ve con normalidad.
En el caso de intereses sucede otro tanto y así hacemos todos cuando reclamamos intereses con la petición genérica de "más los intereses legales/convencionales (...)".
Pero no sucede lo mismo en el monitorio donde la exigencia de vencimiento y liquidez impide reclamar deudas futuras aún no vencidas –salvo que se produzca vencimiento anticipado de admisión generalizada por nuestros Tribunales– o intereses mediante peticiones genéricas no acompañados de liquidación. Ello nos obligará a cuestionarnos la procedencia del monitorio porque si no nos admiten intereses o tenemos aún deudas pendientes de vencimiento relativas a la misma obligación, el monitorio no parece una buena opción.
Podría seguir desgranando otras muchas ventajas e inconvenientes de una u otra opción: admisión o no de medidas cautelares, tiempos de tramitación, simplicidad, etc., pero alargarían en exceso la simple aproximación al problema que es el objetivo de este artículo.
VII. Conclusión
Se afirma que lo primero es dirigir un burofax al deudor, y si se molesta en contestar que no quiere pagar argumentando razones, el monitorio seguramente será una pérdida de tiempo porque se opondrá y los dos/tres meses de tramitación del monitorio –eso contando con un Juzgado que vaya al día– no habrán servido absolutamente para nada.
– Si la suma reclamada es superior a 6.000 euros, desde luego el monitorio es una opción porque si paga, ganaremos meses, lo que no sucederá si tenemos que esperar al largo declarativo ordinario y si ha habido requerimiento fehaciente seguramente no se allane porque sabe que apechugará con las costas (aunque si se allana, obvia decir que pagará menos). Y si se opone, nos defenderemos con igualdad de armas.
– Si la suma es inferior a 6.000 euros (verbal), yo siempre pondría un monitorio ante el riesgo de una vista a ciegas de un verbal directo.
– Económicamente, el declarativo permite recuperar costes (sobre todo, en el caso del ordinario y del verbal de más de 2.000 euros) frente al monitorio.
En la práctica, por lo que a mí me consta, se sigue acudiendo al monitorio, y es que parece claro que la esperanza de cobrar pronto, aunque no se recupere la totalidad de los costes, es la que manda a la hora de que nuestros clientes tomen la decisión una vez informados debidamente.
Se piensa que "más vale cobrar parte de lo adeudado que todo (costes incluidos) dentro de una eternidad".
A ello hay que añadir el riesgo de un verbal directo, donde no se conocerán las posibles alegaciones sorpresivas de la parte deudora y ello se puede evitar acudiendo al monitorio previo al verbal.
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