Calculador de Tasas Judiciales
Las tasas judiciales en el Concurso de Acreedores
José María Muñoz Abogado, Asesor fiscal. Auditor de cuentas
I. Introducción
El objeto del presente artículo es la Ley 10/2012, de 20 de noviembre Nota , por la que se regulan determinadas Tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología (en adelante, Ley de Tasas), y especialmente su incidencia en el ámbito del concurso de acreedores.
Un estado de derecho no es tal si su Administración de Justicia no es ágil, rápida y de acceso universal. La Constitución Española reconoce el derecho de todas las personas a la tutela efectiva de Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos legítimos, sin que en ningún caso pueda darse indefensión por dificultades en el acceso a la justicia (art. 24). Y no podemos olvidar que el acceso a la justicia está garantizado por el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El legislador ha sustentado la implementación de la Ley de Tasas en dos razonamientos básicos: financiar la justicia gratuita para que pueda llegar a más ciudadanos y la seguridad de que el Tribunal Constitucional ha validado las tasas judiciales Nota .
Conviene recordar que la justicia es un servicio público financiado a través del pago de impuestos. Toda la población ha de estar protegida y nadie ha de quedar excluido de su acceso, ni tan siquiera bajo la falsa bandera de la disuasión.
Y, respecto a la más que posible inconstitucionalidad, detalla la Exposición de Motivos de la Ley de Tasas: "la reciente sentencia del Tribunal Constitucional no solo ha venido a confirmar la constitucionalidad de las tasas, sino que expresamente reconoce la viabilidad de un modelo en el que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes más se beneficien de ella".
El Tribunal Constitucional en ningún momento declaró principios de proporcionalidad y razonabilidad, no previó una regulación más amplia de las tasas judiciales. Las avaló, pero a entidades mercantiles con elevado volumen de facturación, y entre otros razonamientos:
– Fundamento Jurídico 9.º: "(...) entidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación (...)".
– Fundamento Jurídico 11.º: "(...) sociedades de grandes dimensiones (...)".
– Fundamento Jurídico 12.º: "(...) es constitucionalmente válida la limitación impuesta por la norma legal enjuiciada, que consiste en condicionar la sustentación del proceso instado en la demanda civil que presentan las personas jurídicas con ánimo de lucro, sujetas al impuesto de sociedades y con una facturación anual elevada (...)".
Podemos resumir, sin entrar en la mala fe o temeridad, que la ratio decidendi:
– La remisión al Impuesto sobre Sociedades no menciona el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y que tuvieren elevada facturación.
– Excluye a las entidades sin ánimo de lucro.
Las entidades con un volumen de facturación elevado acuden a la justicia porque parte de su negocio está en la discusión, tienen un mayor volumen contractual y no les importa soportar dichos gastos. Al contrario, una persona física o una entidad de reducidas dimensiones se plantea seriamente acudir a la justicia, dado que los costes del procedimiento, la duración y la incertidumbre del resultado desaconsejan esta vía.
Además, si lo pretendido es la disuasión, tenemos la condena en costas, y la temeridad o mala fe es sancionada por el juzgador con la imposición de una multa. A mayor abundamiento, y dada la facilidad con la que crea el legislador un hecho imponible, podría haberlo dispuesto y que fuera el Tribunal sentenciador el que determinase la tasa. Pero si lo pretendido por esta Ley, pongamos el adorno que queramos, es obstaculizar el ejercicio de un derecho, huelga cualquier otro debate sobre si es constitucional o no lo es. Es conveniente recordar que la Ley Orgánica 1/2009 Nota impuso el depósito para recurrir. Para ello estableció en su Exposición de Motivos que lo hacía a los fines de "disuadir a quien sin fundamento jurídico alguno (...)". Es decir, se fijó un depósito previo, un pago disuasorio para evitar la mala fe de los recurrentes. Y disponemos de la condena en costas o, incluso, con la posible imposición de multas derivadas del abuso del derecho y la mala fe (art. 247 LEC), sino que gravó la presunción de abuso de derecho con un pago anticipado.
El principio de proporcionalidad brilla por su ausencia. La tasa por un procedimiento ordinario (audiencia previa y juicio) es de 300 euros, recurso de apelación 800 euros y 1.200 euros casación. No tiene sentido entender que cuanto más alto funcionalmente es un Tribunal mayor es la tasa, y no por la utilización del servicio de la justicia, uno de los objetos de la Ley de Tasas. El "gasto" por la utilización de la justicia es mucho mayor en un procedimiento ordinario que en un recurso de apelación.
Pues bien, dicho lo anterior, nos encontramos con una reducción en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013 en toda la partida de justicia del 4,4 % respecto a 2012. Y una reducción en la partida de inversiones del 21 % respecto a 2012. Ver los equipamientos informáticos, la antigüedad de los mismos, las herramientas de uso diario, cada comunidad autónoma con su programa propio de gestión, que no estén enlazados o integrados, etc.
El argumento central que se nos ha dado es reducir la litigiosidad, que no ha venido acompañado de alguna memoria o informe respecto a la aplicación de la Ley 53/2002. Por cierto, y hablando de litigiosidad, en la jurisdicción contencioso-administrativa, sería conveniente ver el aumento respecto a la Administración Tributaria. La vorágine recaudatoria que nos asola está originando un aumento de la conflictividad. La Ley de Tasas prevé la exención de la Administración Pública y, como sabemos, recurren casi todo por sistema, ya que el coste de litigar es mínimo y no afecta directamente al funcionario propulsor de la acción administrativa. El incentivo del acuerdo extrajudicial para recuperar parte de la tasa abonada, llegar a un acuerdo extrajudicial, es remoto: no tiene sentido dicha exención. Más bien parece un adorno navideño que una realidad que se deba considerar.
Esto se agrava en el ámbito tributario. Estamos contemplando con estupor y sonrojo la proliferación de normas. Recientemente, la Asociación Española de Asesores Fiscales ha emitido una nota, que, entre otras cuestiones, sostiene: "Las modificaciones de la LGT (la Ley 7/2012) no han dejado títere con cabeza: ampliación de los supuestos y potenciación de las secuelas de la responsabilidad; medidas cautelares inaudita parte para cualquier actuación administrativa, admisibles en cualquier momento del procedimiento, incluso antes del inicio de aquella (es decir, sin saber si habrá o no deuda y a cuánto ascenderá), excluidas de la posibilidad (nominal) de recurso; limitación de las facultades de disposición sobre bienes propios de las sociedades; imposición de obligaciones de información exorbitantes, sometidas a un riguroso régimen sancionador; creación de gravámenes de rentas ficticias (de ficción) que escapan de la prescripción; creación de sanciones inaplicables por manifiestamente injustas; ejercicio por la Administración de funciones típicamente jurisdiccionales en las causas de delito fiscal". No se puede ser más concluyente.
Y, desde luego, no hay una sola medida para agilizar los dilatados plazos de los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. O la necesaria vía económico-administrativa, eso, administrativa, por mucho que se la quiera denominar Tribunal, que no lo es en sentido estricto.
Esta responsabilidad del legislador ha de hacerse en clave de eficiencia. La eficiencia es un concepto que aún no ha entrado en la gestión de la justicia. No se está buscando la eficiencia en la Administración de Justicia, no hay una sola medida de reducción de los plazos; más bien parece se está buscando una mayor recaudación. Es más, una decisión de política tributaria. Y es política por la decisión de nuestros políticos y tributaria por su fin de gravar un determinado acto.
Sabemos que la economía es la ciencia que estudia la forma en la que los individuos y la sociedad efectúan las elecciones y decisiones para que los recursos disponibles, escasos, puedan contribuir de la mejor manera a satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la sociedad. La interrelación de todos los agentes económicos: individuos, empresas, entidades financieras, sindicatos, Gobierno, etc., y cualquier decisión de estos agentes afecta en el conjunto de la economía. Y ello afectará al negocio de los litigios. Habrá reducción de procedimientos afectando de plano no solo a los de abogados y procuradores, sino también a los de sus empleados y personas o entidades que trabajen con ellos, como los peritos.
No se habla de que el destino de las tasas sea para reducir los plazos de los procedimientos judiciales. Solo hay que darse una vuelta por los Juzgados de lo Mercantil o ver la duración de los procedimientos contencioso-administrativos para comprobar la urgencia de acometer reformas, vía inversiones.
Desde luego, con la crisis económica actual, un PIB negativo y una tasa de desempleo de en torno al 27 % no es el mejor momento para implantarla. Sería interesante conocer su memoria económica, gran ausente en todos los debates. Desde luego, reitero que la mayor parte se sufraga con nuestros impuestos y las tasas, es un extra a satisfacer por las personas para acceder a defender sus intereses.
II. La llamada Ley de Tasas
Con carácter previo, antes de entrar en este somero resumen de la Ley, las tasas están reguladas en el art. 2.2 a) como los tributos, cuyo hecho imponible "(...) consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado".
1. Ámbito de aplicación
Por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Queda excluido el orden penal. Nos podemos encontrar con la picaresca de ejercer la acción penal y acumularle la acción civil, ya que estaría exenta.
2. Exenciones objetivas
Con carácter general, si procede la exención, no existe obligación de presentar el modelo de autoliquidación de la tasa, modelo 696 Nota , y no es necesario acreditarlo documentalmente.
- Solicitud de concurso voluntario por el deudor. Por cierto, solo el deudor tiene capacidad para ello, para solicitar concurso voluntario.
- Las acciones que, en interés de la masa del concurso, interponga la Administración concursal (AC) y sean autorizadas previamente por el Juez del concurso.
3. Exención subjetiva
- Personas con derecho a asistencia jurídica gratuita, Ministerio Fiscal o Cortes Generales y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
- Administración General Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos públicos dependiente de ellas.
4. Hecho imponible
El ejercicio de la acción, bien sea el escrito o la demanda.
5. Base imponible
La cuantía del procedimiento judicial o recurso será determinada con arreglo a las normas procesales (arts. 251 y ss. LEC). Ahora bien, si la cuantía es indeterminada, se valorará en 18.000 euros.
6. Devengo
Se produce con la interposición del acto del ejercicio de la acción, de la reconvención o de la interposición del recurso.
7. Autoliquidación
Las sociedades anónimas y limitadas lo harán obligatoriamente por vía telemática. El resto de sociedades y las personas físicas lo realizarán a través de entidad financiera. Hay que recordar que la Orden HAP/2662/2012, en su art. 1.2, establece que no existe obligación de presentación del modelo 696 en aquellos supuestos que resulten exentos de acuerdo con lo dispuesto en los apdos. 1 y 2 del art. 4, apdos. 1 y 2, de la Ley 10/2012.
8. Devolución
Se practicará una devolución del 60 %, sin intereses de demora, si hay allanamiento total o si se alcanza un acuerdo que ponga fin al proceso. Dicho acuerdo ha de estar homologado en el Juzgado.
9. Sanción
En caso de falta de ingreso de la tasa, el acto procesal se entenderá inadmitido. Ahora bien, el Secretario Judicial podrá emitir decretos de subsanación y requerir la preclusión, pero decretar la inadmisión de la demanda, reconvención o recurso, es potestad jurisdiccional, correspondiendo al Tribunal competente.
10. Recursos
No prevé la Ley de Tasas Judiciales recurso alguno, dado que le corresponde acordar la inadmisión al órgano jurisdiccional. Una vez que se tenga el auto de inadmisión, caben los recursos ordinarios y de queja. Lógicamente, previo cumplimiento de los presupuestos procesales, se podrá interponer recurso constitucional de amparo.
III. La Ley de Tasas en el concurso
El concurso de acreedores ha sido nuevamente sacudido, no por una reforma de la Ley 22/2003. Lo ha hecho la Ley de Tasas Judiciales. Durante el desarrollo de las situaciones y casuísticas se hará referencia a la Dirección General de Tributos (DGT) y es conveniente recordar que las consultas no son fuentes del Derecho. Son criterios interpretativos de un órgano del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
1. Cuestiones generales
La Ley de Tasas Judiciales tiene tres referencias directas al concurso de acreedores:
- Hecho imponible. Art. 2
a) La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en los procesos concursales.
- Exenciones Objetiva Tasa. Art. 3
b) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.
c) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.
Pues bien, la solicitud de concurso voluntario goza de exención objetiva, pero solo ella. Cualquier otra acción del concursado no tiene exención, como pueden ser los recursos o las demandas incidentales Nota .
No ocurre así con la solicitud de concurso necesario. La determinación de la cuantía originará algún problema respecto al importe que ha de tomarse en consideración a efectos de determinar la base imponible. si tenemos en cuenta la deuda con el acreedor instante o el importe de la masa pasiva. La Dirección General de Tributos mantiene que la cuantía definitiva de la reclamación no se fija hasta la finalización de la fase común, cabe entender que para la escala variable se aplique inicialmente la cuantía de 18.000 euros. Supongo que esta ausencia de exención es para disminuir la litigiosidad, aunque no tiene mucho sentido, ya que los concursos voluntarios son más del 90 % respecto a los necesarios.
No obstante, esta consulta está provocando algunas dudas. La presentación de la consulta pedía aclaración sobre "si el acceso a la doble instancia y la interposición de incidentes por parte del concursado puede considerarse exento de la tasa judicial", y en la respuesta omite la segunda parte de la pregunta. Muchos concursados la han entendido como una exención tácita y han planteado incidentes, recibiendo el correspondiente requerimiento para liquidar las tasas y ya conocemos los efectos de no subsanar: preclusión del acto procesal, art. 8.2 de la Ley de Tasas Nota .
Al tiempo de redactar el presente trabajo, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, y mediante Acuerdo del Pleno no jurisdiccional Nota , ha establecido que los trabajadores, además de otros operadores sociales, no han de abonar tasa alguna por la interposición de los recursos de suplicación y casación.
Dado el tratamiento fiscal del presente artículo, no es necesario indicar la deducibilidad de la tasa en el ejercicio de una acción relacionada con una actividad económica, siendo indiferente que se trate de persona física, entidad en atribución de rentas o entidad mercantil. A excepción, claro está, de sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el régimen de estimación objetiva Nota .
2. La Administración concursal
Como ya hemos visto anteriormente, el art. 4.1 h) de la Ley 10/2012 establece la exención para las acciones que realice la Administración concursal en interés de la masa del concurso y sean autorizadas previamente por el Juez del concurso. No resultaría suficiente haber solicitado la autorización al tiempo de ejercitar la acción y que sea autorizada por el Juez una vez presentada. Han de estar autorizadas antes del inicio de la acción.
La Administración concursal solo realiza dos acciones en su propio interés. La primera es el informe previsto en el art. 34 LC, relativo a sus honorarios. Y la segunda es la que recoge el art. 33.4 LC respecto a su recusación.
E intervendrá como órgano judicial de administración por sus funciones, de intervención o sustitución, y ello conforme a lo dispuesto en los arts. 40 y 50 de la Ley Concursal. Es interviniente en un proceso por imperativo legal, órgano necesario en los procedimientos concursales y siempre será en interés de la masa activa, con excepción de los dos supuestos anteriores.
3. Las acciones en el concurso
Como veremos, los trámites incidentales en su gran mayoría estarán sujetos, y no exentos, a la Ley de Tasas. Se está planteando el debate de que el hecho imponible son las demandas incidentales. La demanda ha de recoger lo exigido en el art. 399 LEC. A veces se inician con un mero escrito, y un escrito, está claro, no es una demanda incidental. Entiendo que todo aquello que se tramite como incidente concursal debe revestir la forma de demanda y por ello está sujeto y no exento de la Ley de Tasas.
- La recusación del administrador concursal se tramita como incidente concursal. Si la misma la realiza el concursado, ha de pedir al propio administrador autorización de pago al ser un crédito contra la masa, encontrándonos con la posibilidad de que no sea atendida. Pero podemos complicarlo más, que un AC recuse al otro. Este tipo de acciones no gozará de exención, ya que no son en interés de la masa activa.
(Art. 33.4 LC)
- La falta de facultad patrimonial del deudor podrá ser anulada a instancia de la Administración concursal, y cuando esta no los hubiese convalidado o confirmado. En este caso, y de contar con la autorización del Juez, estará exenta de la tasa. Ahora bien, también la puede instar cualquier acreedor y quien haya sido parte en la relación contractual afectada, debiendo ser liquidada la tasa.
(Art. 40.7 LC)
- La compensación de créditos no procede en el concurso. No distingue quiénes pueden ejercitar la acción, entendiendo es la Administración concursal que estará exenta de cumplirse lo reiterado. Ahora bien, si quedase habilitado un acreedor, no disfrutará de la exención.
(Art. 58 LC)
- La vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento puede ser resuelta tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Tanto la Administración concursal, en caso de suspensión, como el concursado, en caso de intervención, podrán solicitar la resolución del contrato si lo estimaran conveniente al interés del concurso. Solo en el caso de que haya diferencias se sustanciarán por los trámites del incidente concursal.
(Art. 61 LC)
Este es un caso curioso. El concursado solicita la rescisión, pero aún no es incidente concursal. El Secretario Judicial cita a las partes y, no habiendo acuerdo, comunica que se tramita por incidente concursal. Nadie, en principio, inicia la acción incidental.
- La resolución por incumplimiento puede ser ejercida por cualquiera de las partes, concursado, administrador concursal o acreedor. Solo la AC estaría exenta del incidente concursal.
(Art. 62 LC)
- Las acciones que los trabajadores o el FOGASA puedan ejercer contra el auto en cuestiones que se refieran estrictamente a la relación jurídica individual se sustanciarán por el procedimiento del incidente concursal en materia laboral. El FOGASA goza de exención subjetiva y los trabajadores tendrían la exención del 60 % de la tasa hasta el Acuerdo no plenario del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2013.
El recurso de suplicación que interpongan los trabajadores tendrá una exención del 100 % por el recurso de suplicación.
(Art. 64.8 LC)
- Se podrán extinguir o suspender los contratos del concursado con el personal de alta dirección. Esta acción incidental puede ser ejercitada directamente por la AC o a instancia del concursado. Entiendo que la concursada no ejercita la acción. Gozará de exención ya que es ejercida por la AC. La decisión de la AC podrá ser impugnada ante el Juez del concurso a través del incidente concursal en materia laboral. El recurso de suplicación planteado por la AC estará exento de tasas, y si lo ejerce el trabajador, lo estará por lo expuesto anteriormente.
(Art. 65 LC)
- Las acciones rescisorias se tramitarán por el cauce del incidente concursal. Si es ejercida por la AC, y cumplidos los trámites preceptivos, estará exenta. En caso de que esta no la ejerza y lo haga un acreedor, no estará exenta.
(Art. 72.4 LC)
- Los saldos acreedores de cuentas en las que el concursado figure como titular indistinto se integrarán en la masa activa, salvo prueba en contrario apreciada como suficiente por la Administración concursal. En caso de no estar de acuerdo con dicha decisión, el acreedor podrá ejercer demanda incidental. No estará exenta de la tasa.
(Art. 79.1 LC)
- Los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concursado y sobre los cuales este no tenga derecho de uso, garantía o retención serán entregados por la Administración concursal a sus legítimos titulares, a solicitud de estos.
Si la AC denegase la pretensión de los legítimos titulares, podrán plantear incidente concursal.
(Art. 80.1 LC)
- Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el Juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pudiendo ser iniciadas por la concursada y/o acreedor, ambos sin exención de la tasa.
(Art. 84.4 LC)
- La AC tiene la competencia para determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los créditos que se hayan puesto de manifiesto. Esta decisión se adoptará respecto de cada uno de los créditos, tanto de los que se hayan comunicado expresamente como de los que resultaren de los libros y documentos del deudor o que por cualquier otra razón constaren en el concurso.
En caso de disconformidad, será tramitado como incidente concursal. Dicho incidente será planteado por el concursado y/o acreedor, no gozando de exención.
En estos casos podría no estar discutiéndose la cuantía, sino el derecho a estar como acreedor del concursado. Sería aplicable la tasa por cuantía indeterminada, 18.000 euros, o bien, si interesa, la cuantía. Ambas posturas son claramente defendibles.
(Art. 86.1 LC)
- Las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores se tramitarán por el incidente concursal. La acción podrá realizarla tanto la concursada como los acreedores, no gozando de exención.
(Art. 96.5 LC)
- Si, una vez puestos de manifiesto los textos definitivos, se formulase oposición a la decisión de la AC sobre las comunicaciones posteriores presentadas, se tramitará como incidente concursal. Tanto el concursado como el acreedor que haya comunicado su crédito tardíamente con los legitimados a la acción no tendrán reconocida la exención.
(Art. 96 bis.3 LC)
- La modificación de los textos definitivos por los acreedores que no estén de acuerdo será dirigida a la Administración concursal mediante solicitud con justificación de la modificación que interesen. Teniendo que informar por escrito la AC en el plazo de cinco días al Juez sobre la solicitud.
Una vez presentado el informe, si fuera contrario al reconocimiento, se rechazará la solicitud salvo que el solicitante promueva incidente concursal en el plazo de 10 días. Esta acción por parte de los acreedores no está exenta de la tasa.
(Art. 97 bis.2 LC)
- La oposición a la aprobación del convenio se ventilará por los cauces del incidente.
(Art. 129 LC)
- Ejercerá demanda incidental cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le afecte. Ante la sentencia que recaiga en dicho incidente cabrá recurso de apelación. Ambas acciones ejercidas por el acreedor no estarán exentas. Si el recurso de apelación lo plantea la AC, estará exenta, pudiendo tener dificultad para la aprobación por el Juez. Si es planteado por el concursado, no estará exenta.
(Art. 140 LC)
- Si se formula oposición a la conclusión del concurso, en el plazo de audiencia concedido a las partes, tramitará como incidente concursal. Tanto el acreedor como el concursado no tienen exención.
(Art. 152 LC)
- En el caso de oposición a la calificación por parte del concursado o de cualquiera de los comparecidos, se sustanciará por los trámites del incidente concursal. De ser varias, todas se sustanciarían en el mismo incidente.
(Art. 171 LC)
- Todo el que hubiera sido parte en la sección de calificación podrá interponer recurso de apelación contra la sentencia.
(Art. 172 bis LC)
- La conclusión de concurso por insuficiencia de masa activa (no acción de reintegración, impugnación o responsabilidad de terceros ni concurso culpable) será acordada por auto. Si hubiere oposición por cualquiera de las partes, se tramitará como incidente concursal. Se devengará tasa.
(Art. 176 bis.3)
- Si hubiere oposición a la rendición de cuentas, se tramitará como incidente concursal. Hay que liquidar tasas.
(Art. 181 LC)
- Tenemos el cajón de sastre, todo aquello que no tenga señalada en esta Ley otra tramitación se ventilará por el cauce del incidente concursal.
Y, además, las acciones podrán ser ejercitadas ante el Juez del concurso conforme a lo dispuesto en el apdo. 1 del art. 50, y los juicios que se acumulen en virtud de lo previsto en el apdo. 1 del art. 51.
Hay una serie de claros ejemplos que podrían tener cabida. Dos administradores concursales con discrepancia en la toma de decisión: resolverá el Juez (art. 35.2 LC), la procedencia y cuantía del derecho a alimentos (art. 47.2 LC) o la acción de responsabilidad contra los administradores a cargo de la Administración concursal (art. 48 quáter LC).
(Art. 192 LC)
- Los recursos de reposición no son hechos imponibles de la tasa, esto es, están no sujetos a la misma. Arts. 13, 14, 20.2 y 39 LC.
Cabe recurso de apelación:
- Contra el pronunciamiento del auto sobre la estimación o desestimación de la solicitud de concurso (art. 20.2 LC).
- Contra el auto que resuelva nombramiento, recusación o cese de los administradores concursales (art. 39 LC).
- Contra el auto que resuelva sobre la medida cautelar cabrá recurso de apelación (art. 48 ter LC).
- Los administradores concursales que no presenten el informe dentro del plazo perderán el derecho a la remuneración fijada, pudiendo recurrir en apelación (art. 74 LC).
- Contra el auto de modificación de textos definitivos (art. 97 bis LC).
- En caso de no asistencia a la Junta de Acreedores por parte de los administradores concursales, podrán ser sancionados respecto a sus honorarios. Contra la resolución judicial que acuerde imponer esta sanción cabrá recurso de apelación (art. 117 LC).
- Contra el auto de conclusión por insuficiencia de masa (art. 176 bis).
- Si el Juez entiende que la cuestión planteada es impertinente o carece de entidad necesaria para tramitarla por la vía incidental, resolverá, mediante auto, su inadmisión y acordará que se dé a la cuestión planteada la tramitación que corresponda. Contra este auto cabrá recurso de apelación (art. 194 LC).
IV. Conclusiones
a) Solo están exentas de la Ley de Tasas la solicitud de concurso voluntario de acreedores y las acciones en interés de la masa que sean ejercitadas por la AC con autorización previa del Juez.
b) Todos los trámites incidentales estarán sujetos, pero exentos de la tasa, a excepción de lo indicado en el punto anterior.
c) La solicitud de concurso necesario está sujeta y no exenta de la Ley de Tasas.
d) Es muy probable que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Tasas, ya que el Tribunal Constitucional solo la avaló para personas jurídicas y con elevado volumen de negocios.
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