Calculador de Tasas Judiciales
Ámbito Contencioso-Administrativo
LA PREGUNTA DEL DÍA ¿Deben abonar tasa el recurso de casación contencioso administrativo contra Autos?
Pues sorprendentemente al menos en el orden contencioso-administrativo SÍ.
A pesar de la Consulta de la Dirección General de Tributos V2329-12, de 10 de diciembre de 2012, en la que se había cuestionado la posible aplicabilidad del articulo 2.e) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, a los recursos de apelación y casación contra autos y que se resolvió dando una respuesta negativa –que nosotros entendemos era tanto a la apelación como a la casación frente a los autos como se desprende de la cuestión planteada-, la Sala Tercera del TS da otra interpretación.
Si la DGT aplicando el principio de prohibición de la analogía en el ámbito tributario que según la Agencia Tributaria impide la aplicación de esa norma a los supuestos de recursos frente a Autos quedando reservada la exigencia de la tasa exclusivamente a los recursos contra sentencias la Sala Tercera del Tribunal Supremo en su Auto de 27/06/2013 ha señalado que no se exige tasa cuando se recurre en apelación un auto pero sí cuando se recurre en casación contencioso-administrativo. Así señala la Sala:
"SEGUNDO .- El artículo 2 e) de la Ley 10/2012 establece que el hecho imponible de la tasa lo constituye el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de "la interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo".
En este sentido, el citado artículo únicamente excluye del pago de la tasa cuando el auto que se recurre ha sido dictado en apelación, por lo que, tratándose de un recurso de casación y no haciéndose en el citado precepto distinción alguna, deben entenderse sujetos al pago de la tasa tanto los autos como las sentencias.
Por otra parte, y sin perjuicio de que la consulta evacuada por la Dirección General de Tributos no vincula a este Tribunal, de la literalidad de la misma no se deduce que la referida norma no pueda ser de aplicación en los supuestos en que lo que se pretende recurrir en casación sea una resolución que adopta la forma de Auto".
En conclusión para la Sala Tercera de nuestro Tribunal Supremo: apelación contra Autos exento, casación contra Autos se devenga tasa.
¿Deben abonar la tasa los funcionarios públicos que litiguen ante la jurisdicción contencioso-administrativa?
En virtud del art. 4.1 d) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, los funcionarios públicos disfrutan de una exención total del abono de la tasa en primera instancia, pero únicamente cuando interpongan el recurso "en defensa de sus derechos estatutarios".
En sede de recursos de apelación y casación, los funcionarios públicos disfrutan de una exención parcial, en concreto, del 60 % de la cuantía de la tasa que les correspondiera abonar por la interposición de los citados recursos; una vez más, dicha exención solo se concederá cuando el objeto del recurso venga fijado por la defensa de derechos estatutarios.
¿El límite del 50 % es aplicable a todos los procedimientos contenciosos en los que se impugnen resoluciones sancionadoras?
Tal y como ha sido establecida esta limitación por el legislador (art. 7.1 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre), entendemos que solo será aplicable en aquellos procedimientos en los que se impugnen sanciones de carácter pecuniario, pues la limitación viene expresamente referida al "50 % del importe de la sanción económica impuesta".
Por lo tanto, no operará tal limitación cuando se impugnen otro tipo de sanciones –por ejemplo, retirada de licencias– que, aun cuando fueran susceptibles de cuantificación, no pueden reputarse "sanciones económicas".
En estos casos, una orden de demolición, por ejemplo, no cuantificada, obligaría a valorarla en 18.000 euros y aplicar el variable sobre dicha suma, sin que entrara en juego el límite del 50 %. Y si se valorara o cuantificara en una cuantía determinada –por ejemplo, en el coste de las obras afectas por la orden–, el variable se calcularía sobre dicha valoración, sin que tampoco quedara sujeta la tasa al límite del art. 7.1.
¿Y si en el recurso se acumula la impugnación de una sanción económica y de otra sanción de distinta naturaleza?
Entendemos que en este caso sí es aplicable el límite en virtud del cual la tasa no podrá exceder del 50 % del importe de la sanción económica impuesta. Por lo tanto, deberá tomarse como referente la cuantía de aquella de las sanciones que sí sea de índole pecuniaria.
¿Y si, interpuesto un recurso contra el silencio administrativo, se dicta resolución expresa posterior?
Como sabemos, están exentos del pago de la tasa los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra el silencio administrativo. Ahora bien, es habitual que, una vez interpuesto el recurso –o presentada la demanda–, la Administración dicte una resolución expresa posterior que venga a confirmar el sentido del silencio.
En estos casos, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa otorga dos posibilidades al recurrente: ampliar el recurso a la resolución expresa o bien desistir del inicialmente interpuesto frente al acto presunto y formular un nuevo recurso frente a la resolución expresa.
Pues bien, consideramos que, en el primero de los casos, esa ampliación no devengaría pago alguno de la tasa, pues el recurso se interpuso frente al silencio y solo sería imputable a la Administración la resolución tardía.
Por el contrario, si se desistiera del recurso frente al silencio y se recurriera nuevamente, esta vez frente a la resolución expresa, sí estaríamos ante el hecho imponible de la tasa, no beneficiándose de ninguna de las exenciones previstas en el art. 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.
¿En qué momento debe abonarse la tasa en el proceso contencioso-administrativo?
En vía de recursos, el legislador ha sido claro: con la interposición de los recursos de apelación o casación. Por lo tanto, aunque en este orden jurisdiccional se mantiene el trámite de preparación para el recurso de casación "ordinario", se ha optado por fijar el momento de devengo de la tasa, en todo caso, con los escritos de interposición.
No podemos decir que el legislador haya sido igual de claro al fijar el momento de devengo de la tasa en la primera instancia del proceso contencioso.
Partamos de que el art. 2 c) de la Ley recoge el hecho imponible y el art. 5.2 a), el momento del devengo.
La letra c) del art. 2 de la Ley 10/2012 fue modificada por el Real Decreto-Ley 3/2013, pasando a tener la siguiente redacción: "c) La interposición del recurso contencioso-administrativo".
Se sustituyó así la expresión "interposición de la demanda en el orden contencioso-administrativo" por "la interposición del recurso".
Esta reforma, sin duda, fue acertada, pues ya se criticó la anterior redacción, que no había tenido en cuenta que el proceso contencioso-administrativo a veces se inicia por escrito, a veces por demanda y, desde luego, que el hecho imponible nunca podía ser posterior al devengo, como así acontecía.
Era como exigir el Impuesto de Sucesiones antes del fallecimiento.
No obstante, sigue pudiendo ser criticada al no modificarse el art. 5 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que indica que en esta jurisdicción el devengo tendrá lugar con la "interposición del recurso contencioso-administrativo, acompañada o no de la formulación de demanda".
Esta redacción es criticable, pues la LJCA no prevé ningún supuesto en el que la demanda se acompañe al escrito de interposición; así, en el procedimiento ordinario, la regla general es que el procedimiento se inicie con el escrito de interposición y, una vez admitido a trámite este, se otorgue plazo para la formulación de la demanda.
Junto a ello, hay otros casos en los que el procedimiento se inicia directamente por demanda, sin que se formule nunca escrito de interposición; así, por ejemplo, ocurre en los procedimientos abreviados (art. 78 LJCA) o en los procedimientos ordinarios en los que no existan terceros interesados (art. 45.5 LJCA).
Este error podría haberse solucionado añadiendo tan solo una conjunción disyuntiva que sería la siguiente "interposición del recurso contencioso-administrativo o formulación de demanda según proceda".
Así pues, y pese a la deficiente redacción legal, debemos entender que, en la primera instancia, el devengo de la tasa coincidirá con el escrito que dé inicio al procedimiento, ya sea este el de interposición del recurso o el de la demanda.
Si recurro en reposición ¿me ahorro la tasa?
Muchos administrativistas como Sevach (veáse su blog) han puesto de manifiesto los efectos que va a tener la regulación de la tasa en el ámbito contencioso-administrativo.
Concretamente la exención del art. 4.1 f) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que contempla como exención:
"f) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración".
De todos es sabido que la interposición del potestativo recurso previo de reposición regulado en los arts 116 y ss de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre tienen señalalado en el art. 117 un breve plazo de interposición (un mes) pero también de resolución (otro mes). Transcurrido el mismo se entiende desestimado por silencio administrativo.
Pues bien si antes muchos ciudadanos desistían de la interposición de la reposición bajo la argumentación de que la misma responde muchas veces con un sostenella y no enmendalla, ahora la regulación de la tasas va a suponer un estímulo para acudir a la reposición aprovechando que muchas veces la propia Administración no tiene capacidad para atender a todos los recursos de reposición que se le plantean. Como señala Sevach ello impone la necesidad "que el abogado esté alerta a los plazos para interponer el recurso de forma inmediata tras el vencimiento del plazo que genera la desestimación presunta en vía administrativa, y de este modo ahorrarse la tasa que tendría que pagar si tuviese que combatir la Resolución desestimatoria expresa de su recurso de reposición o alzada".
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