Calculador de Tasas Judiciales
Arrendamientos urbanos y tasas judiciales
Miguel Guerra Pérez. Director de Sepín Proceso Civil. Abogado
I. Regulación
La regulación de las tasas judiciales está contenida en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas Tasas en el Ámbito de la Administración de Justicia y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que ha sido modificada dos veces:
– En primer lugar, por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el Sistema de Asistencia Jurídica Gratuita.
– En segundo lugar, y en fecha más reciente, por el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de Mecanismo de Segunda Oportunidad, Reducción de Carga Financiera y Otras Medidas de Orden Social.
Igualmente, hay que tener en cuenta la Orden HAP 2662/2012, de 13 de diciembre, modificada por la Orden HAP 490/2013, de 27 de marzo, por la que se aprueban el Modelo 696, de Autoliquidación, y el Modelo 695, de Solicitud de Devolución de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, y se determinan el lugar, la forma, los plazos y los procedimientos de presentación y la Instrucción SGAJ 4/2013, Comunicación de Datos de Oficinas judiciales a la AEAT
La primera de estas normas regula su ámbito de aplicación (art. 1); hecho imponible (art. 2); sujeto pasivo de la tasa (art. 3); exenciones (art. 4); devengo (art. 5); base imponible (art. 6); determinación de la cuota tributaria (art. 7); autoliquidación y pago (art. 8); gestión (art. 9); bonificaciones derivadas de la utilización de medios telemáticos (art. 10), y la vinculación de la tasa (art. 11).
Dicha Ley contempla tasas en las jurisdicciones civil, contencioso-administrativa y social y, concretamente, en el ámbito civil y en el arrendaticio supone la exigencia de la tasa tanto en los juicios verbales de desahucio (art. 250.1.1 y 2 LEC ) como en los juicios ordinarios (art. 249.1.6) cuando la demanda, reconvención o recurso los interponga una persona jurídica, pero hay que señalar la importante modificación que en la Ley 10/2012 ha supuesto el art. 11 del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, ya que exime de la tasa a las personas físicas, en todo caso, como se expondrá [art. 4.2 a) Ley 10/2012].
Por ello desde el 1 de marzo de 2015 las personas físicas no tienen que pagar tasas y no deben cumplimentar el modelo 696.
II. ¿Cuáles son las nuevas exenciones subjetivas?
Dispone el art. 4.2 de la Ley después de la modificación de la Ley 10/2012 por el RDL 1/2015:
"2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:
a) Las personas físicas
b) Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.
c) El Ministerio Fiscal.
d) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
e) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas".
Como se ha indicado, aquí es donde radica la principal novedad. LA EXENCIÓN TOTAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
Se da, pues, un paso muy importante porque la derogación en todo caso afecta a TODAS LAS INSTANCIAS (incluido la apelación o la interposición de cualesquiera recursos extraordinarios).
En cuanto a las personas jurídicas, solo se produce la exención respecto de los organismos públicos y las Cortes o aquellas entidades que tengan reconocida la asistencia jurídica gratuita (por ejemplo, una organización de consumidores estaría exenta).
III. Ámbito de aplicación y hecho imponible
Si la demanda o recurso se interpone por una persona jurídica no exenta, el hecho imponible se recoge en el art. 2 de la Ley 10/2012, que señala: "Constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales:
a) La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo (...)".
Centrándonos en los procesos arrendaticios, todos los ordinarios (art. 249.1.6 LEC), verbales de reclamación de rentas y cantidades asimiladas (art. 250.1.1), desahucios por falta de pago y por expiración del término (art. 250.1.1), precario (art. 250.1.2), contemplados en la norma rituaria deberán abonar la tasa judicial, insistimos cuando la demanda la encabece una persona jurídica. Igualmente, si se opta por la vía del monitorio (art. 812), habrá de abonarse la misma.
En el caso de demandas interpuestas por personas jurídicas no exentas, solo habría dos excepciones: si se reclaman rentas por importes inferiores a 2.000 euros por la vía del verbal o por la vía del monitorio [art. 4.1 e) de la Ley 10/2012]. En todos los demás casos, la exigencia de la tasa se presenta como inexcusable, salvo que se trate de una persona jurídica que hubiera obtenido el beneficio de justicia gratuita.
Además, debe tenerse en cuenta que, por disposición expresa del art. 438.3.3, en relación con lo dispuesto en el art. 250.1.1 y 2 LEC, los procedimientos de desahucio siguen siempre los cauces del juicio verbal, ya se ejercite solo la acción de desahucio, ya se acumule con reclamaciones de rentas o cantidades asimiladas, y cualquiera que sea la cuantía de estas.
Así pues, los procedimientos arrendaticios en general, y de desahucios en particular, no se salvan del abono de la misma, ni en primera instancia ni en apelación ni en casación.
IV. Cuantía de la tasa
La tasa se calcula (art. 7 de la Ley 10/2012) aplicando un fijo en función del tipo de procedimiento o instancia, al cual se suma una variable que es el resultado de aplicar a la cuantía fijada del procedimiento un porcentaje. Los procedimientos de cuantía indeterminada se valoran en 18.000 euros.
Así, para hacer un cálculo correcto de la cuantía de la tasa es esencia, responder a la siguiente pregunta:
¿Cuál es el Tipo de procedimiento?
1. Fijo
El fijo dependerá del tipo de procedimiento que se ejercita. Veamos cada uno de los casos:
a) Ordinario arrendaticio en general (arts. 249.1.6 LEC y 7 de la Ley 10/2012)
– Fijo: 300 euros.
– Variable: se calcula aplicando un porcentaje sobre la anualidad de renta, que debe ser la cuantía que se ha de tener en cuenta en estos procedimientos, aplicando el art. 251.9 LEC, que, en su redacción vigente dada por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, señala: "En los juicios sobre arrendamientos de bienes, salvo cuando tengan por objeto reclamaciones de las rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda será el importe de una anualidad de renta, cualquiera que sea la periodicidad con que esta aparezca fijada en el contrato".
b) Verbales de reclamación de rentas (art. 250.1.1 LEC)
– Fijo: 150 euros.
– Variable: se calcula aplicando un porcentaje sobre las rentas o sumas reclamadas, que debe ser la cuantía que se ha de tener en cuenta en estos procedimientos. Art. 251.1: "Si se reclama una cantidad de dinero determinada, la cuantía de la demanda estará representada por dicha cantidad, y si falta la determinación, aun en forma relativa, la demanda se considerará de cuantía indeterminada". Igualmente, y a sensu contrario, aplicando el art. 251.9 LEC, que, en su redacción vigente dada por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, señala: "En los juicios sobre arrendamientos de bienes, salvo cuando tengan por objeto reclamaciones de las rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda será el importe de una anualidad de renta, cualquiera que sea la periodicidad con que esta aparezca fijada en el contrato".
Excepción: que las rentas reclamadas no superen los 2.000 euros, en cuyo caso estaría exento.
c) Monitorio de reclamación de rentas (arts. 812 y 814 LEC)
Fijo de 100 euros más una variable que se calcula con arreglo a las rentas reclamadas.
– Excepción: que las rentas reclamadas no superasen los 2.000 euros, en cuyo caso estaría exento.
d) Desahucio por falta de pago (art. 250.1.1 LEC)
– Fijo: 100 euros Nota .
Aun cuando es claro que en aplicación del art. 250.1.1 y 2 los juicios de desahucio siguen los cauces del verbal, lo que haría que el fijo fuera de 150 euros. La Consulta vinculante de la Dirección General de Tributos V1372-13, de 23 de abril de 2013 (SP/DGT/43251), ha señalado que la configuración del proceso de desahucio, tras las últimas modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en especial, la operada mediante la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, viene a identificar dicho proceso con uno monitorio y por ello indica que la tasa a aplicar a los procesos de desahucio será la misma que la prevista para el proceso monitorio. Lo cual consideramos un completo error.
Por mucho que ello suponga una rebaja en el fijo de la tasa (de 150 euros del verbal a 100 del monitorio) creemos que es absolutamente erróneo porque el desahucio es y será un juicio verbal (ex art. 250.1.1 y 2 LEC) no un monitorio, aunque en su tramitación se hayan copiado trámites de este. Por lo tanto, hasta hoy ¿lo hemos hecho todos mal? Sinceramente, creemos que se equivoca la DGT.
– Variable: se calcula aplicando un porcentaje sobre la anualidad de renta aplicando el art. 251.9 LEC que, en su redacción vigente dada por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, señala: "En los juicios sobre arrendamientos de bienes, salvo cuando tengan por objeto reclamaciones de las rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda será el importe de una anualidad de renta, cualquiera que sea la periodicidad con que esta aparezca fijada en el contrato".
e) Desahucio por expiración del plazo (art. 250.1.2 LEC)
– Fijo: 100/150 euros Nota .
– Variable: se calcula aplicando un porcentaje sobre la anualidad de renta conforme al art. 251.9 LEC que, en su redacción vigente dada por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, señala: "En los juicios sobre arrendamientos de bienes, salvo cuando tengan por objeto reclamaciones de las rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda será el importe de una anualidad de renta, cualquiera que sea la periodicidad con que esta aparezca fijada en el contrato".
f) Desahucio por falta de pago, junto con la reclamación de rentas
– Fijo: 100 euros Nota .
– Variable: se calcula aplicando un porcentaje, si bien en este caso, en el cual se acumulan acciones de desahucio junto con la reclamación de rentas u otras cantidades asimiladas, queremos llamar la atención sobre la aparente contradicción entre la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, reguladora de las Tasas, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Señala la Ley de Tasas en su art. 6:
"3. En los supuestos de acumulación de acciones o en los casos en que se reclamen distintas pretensiones en una misma demanda, reconvención o interposición de recurso, para el cálculo de la tasa se tendrá en cuenta la suma de las cuantías correspondientes a las pretensiones ejercitadas o las distintas acciones acumuladas. En el caso de que alguna de las pretensiones o acciones acumuladas no fuera susceptible de valoración económica, se aplicará a esta la regla señalada en el apartado anterior".
Ello supondría tener que sumar, para hallar la base sobre la que aplicar el porcentaje, las rentas reclamadas con la anualidad de renta, que es la suma referencia del desahucio.
Pero no puede ser así porque en estos casos de acumulación de acciones la propia Ley de Enjuiciamiento Civil señala la regla de cuantificación en el art. 252.2, párrafo segundo, que determina: "Sin perjuicio de lo anterior, si las acciones acumuladas fueran la de desahucio por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, y la de reclamación de rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda vendrá determinada por la acción de mayor valor".
Por ello, entendemos que no habrá que sumar las cuantías, sino tan solo aplicar el porcentaje sobre la mayor.
g) Desahucio por expiración del plazo, junto con la reclamación de rentas
– Fijo: 100/150 euros Nota .
– Variable: se calcula aplicando un porcentaje, si bien en este caso, en el cual se acumulan acciones de desahucio por expiración del plazo junto con la reclamación de rentas u otras cantidades asimiladas, entendemos que no habrá que sumar las cuantías, sino tan solo aplicar el porcentaje sobre la mayor (anualidad de rentas o sumas reclamadas), tal y como se ha expuesto anteriormente.
h) Desahucio por precario
– Fijo: 150 euros.
– Variable: se calcula aplicando un porcentaje, si bien en este caso puede producir valores muy altos en el supuesto de que se calcule sobre el valor del inmueble, que es la regla que entendemos aplicable a estos supuestos.
2. Variable
Al fijo hay que sumar un variable. En todos los casos expuestos anteriormente, y para calcular la variable, hay que tener en cuenta que la Ley 10/2012, después de la modificación por el RDL 3/2013 y el RDL 1/2015, señala que se satisfará, además del fijo, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada, con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior (véase 100/150/300 euros), el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala:
– De 0 a 1.000.000 euros: se aplica el 0,5 %.
– Respecto al resto, se aplica el 0,25 %.
Con un límite de cuantía variable de 10.000 euros.
V. Recursos: tasa más depósito
Ni la Ley 10/2012 ni sus posteriores modificaciones por los RDL 3/2013 y 1/2015 derogan el depósito que establece la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ, añadida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, y desarrollada por la Instrucción 8/2009, algo que debería haber hecho porque estamos ante una doble exigencia o gravamen.
Es decir, una persona jurídica que quiera recurrir en apelación, por un lado, debe ingresar en la cuenta de consignaciones del Juzgado los 50 euros preceptivos y, además, ingresar los 800 euros de la apelación más la variable, cumplimentando el modelo 696 de la tasa. En el caso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, 1.200 euros más el variable. En ambos casos, con posibilidad subsanatoria que ahora la norma modificada fija en un plazo de 10 días.
En el caso de acumulación de un recurso de casación y otro extraordinario por infracción procesal, por cierto, muchas veces obligatorio en este tipo de procesos, tal y como están reguladas la Ley y la Orden que emplean la copulativa "y", ¿son exigibles dos tasas o solo una? En este caso señala la DGT que dependerá de las circunstancias: si la Ley obliga a la interposición conjunta de ambos recursos, habrá que abonar una sola tasa; si permite la presentación independiente de los mismos y se presentan los dos, habrán de abonarse dos tasas.
VI. Tasas y condena en costas
La Ley reguladora de las Tasas, en su Disposición Final Tercera, modifica el art. 241.1.7 LEC y, en consecuencia, permite incluir dentro de las costas: "la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social".
Parece que la idea del legislador es que se puedan repercutir e incluir las tasas dentro del coste del proceso frente al demandado vencido en juicio.
Curiosamente, este precepto ha sido modificado por el Real Decreto-Ley 3/2013 para excluir de las costas el importe de la tasa en las ejecuciones hipotecarias y ejecuciones que dimanan de crédito hipotecario, mas nada se dice de los arrendamientos y desahucios.
En estos casos, nos encontramos con una serie de injusticias:
Primera: La persona jurídica que pleitea contra un arrendatario que ha obtenido el beneficio de justicia gratuita y ve cómo se dicta una sentencia estimatoria no podrá recuperar el importe de la misma, aun cuando haya vencido en el proceso y se haya condenado en costas al arrendatario. No olvidemos que la obtención de tal beneficio exime de su exacción por la vía de apremio, salvo que venga a mejor fortuna. Téngase en cuenta que ello es especialmente grave porque el RDL 3/2013 ha elevado el nivel de ingresos para obtener tal beneficio, que ahora se vincula al IPREM y no al SMI.
Segunda: La deficiente regulación del art. 440 LEC va a ocasionar problemas, pues, en aquellos casos en los que el arrendatario se ve requerido por 10 días y paga o entrega las llaves, la Ley tan solo ha previsto el archivo, mas no qué sucede con las costas. En estos casos, si no hay condena, ¿pierde el arrendador la posibilidad de recuperar la tasa? Nos parece tremendamente injusto. Máxime cuando, con la enervación, la Ley sí prevé que pueda existir condena en costas.
Tercera: La tasa está mal especificada. Si se cobra por la utilización de un servicio público, no debería perderse la totalidad de la misma si se inadmite la demanda o el recurso, pues en este caso la actuación de la Administración de Justicia es mínima: un auto de inadmisión y poco más.
Debería haberse parametrizado la tasa por tramos para respetar la proporcionalidad. Así, si aplicamos un ejemplo del ámbito universitario o de otros servicios, igual que en ciertos casos de anulación de matrículas por defectos se devuelven las mismas en las actuaciones judiciales que se inadmiten ab initio, debería preverse idéntica consecuencia.
Cuarta: En los casos de recursos, no hay costas. Determina el art. 398.2. LEC que "En caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes".
Ello supone, por ejemplo, que la actora que ya ha abonado el fijo más la variable del declarativo correspondiente y pierde el pleito con costas, cuando apela deberá abonar otros 800 euros más la variable, que nunca va a recobrar porque, como mucho, la sentencia de apelación o del recurso extraordinario condenará en costas de la instancia, pero no del propio recurso, lo cual me parece tremendamente injusto. Por no hablar de otros muchos supuestos en los que no hay costas. En estos casos, ¿quién abonará la tasa?
VII. Derecho Transitorio
Como se ha indicado, la exención de la tasa a las personas físicas está en vigor desde el día 1 de marzo de 2015, ya que el RDL 1/2015, de 27 de febrero, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE (28-2-2015).
– ¿Qué sucederá con las tasas ya abonadas con anterioridad? Desde el Ministerio ya se ha afirmado que no se devolverán.
– Si se presentó una demanda o recurso sin acompañar el modelo antes de dicha fecha (1 de marzo de 2015) y se produce un requerimiento subsanatorio por 10 días ¿habrá de abonarse la tasa? Desde luego, nosotros intentaríamos un escrito o recurso contra la diligencia subsanatoria señalando la actual derogación y la improcedencia de su exigencia, aunque mucho nos tememos que el hecho imponible y la no exención sí existían cuando se demandó o recurrió y que se rechace nuestra petición.
Desde luego, si el Juzgado no atiende la solicitud, no quedará otro remedio que cumplimentar y presentar el modelo 696 por el riesgo de inadmisión.
VIII. Exención y modelo 696
Siempre se ha cuestionado si en los casos de exención debe o no presentarse el modelo 696. La respuesta es negativa a la vista del RDL 1/2015 (art. 11, número Cuatro) que añade un párrafo segundo al apartado primero del art. 8 (de la Ley 10/2012), que queda redactado como sigue:
"No obstante, no tendrán que presentar autoliquidación los sujetos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 4".
IX. Conclusión
Aunque ha supuesto un importante paso en aras a facilitar el acceso a la tutela judicial efectiva, la exención de la tasa para las personas físicas, tras la modificación del art. 4.2 a) de la Ley 10/2012, por el art. 11 del RD Ley 1/2015, de 27 de febrero, en los procesos arrendaticios, en general, y de desahucio, en particular, están sujetos al abono de la tasa cuando la actora es persona jurídica, y siguen sin solucionarse problemas como son su acumulación con el depósito o su irrecuperabilidad cuando se estima el recurso.
Igualmente, serán muchos los que intenten la devolución y la aplicación retroactiva de la exención, pero no creemos que ello triunfe finalmente. Habrá que esperar las resoluciones que se dicten tanto de nuestros Tribunales como de la Dirección General de Tributos.
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