Calculador de Tasas Judiciales
Tasas judiciales ¿Se aplica a las Comunidades de propietarios la exención de las personas físicas? La respuesta afirmativa de la DGT
Miguel Guerra Pérez. Director de SEPIN Proceso Civil. Abogado
I. Introducción
¿Deben abonar las Comunidades de Propietarios tasas judiciales o no?
Vaya por delante mi opinión: desde el 1 de marzo de 2015 la respuesta es negativa: están exentas.
Pero lo cierto es que la historia de la consideración de las Comunidades de Propietarios como sujeto pasivo de las tasas judiciales es la historia de un constante cambio de criterio: "Ahora no se pagan tasas... Ahora sí se pagan... Ahora no se pagan...".
Las Comunidades, como se expondrá, han pasado de la exención total a ser consideradas como sujeto pasivo y a abonar tasas como si fueran personas físicas, ya que se les venía aplicando el fijo y variable de estas últimas. Ahora bien, desde el 1 de marzo de 1015, a la vista de la nueva regulación, parece que quedan exentas de su abono.
Estos cambios de criterio y oscilaciones son fruto del silencio legislativo y es que, pese a los millones de Comunidades de Propietarios existentes en nuestro país, ni el legislador fiscal ni el procesal las han mencionado expresamente. No hay ni un solo precepto dedicado a las mismas ni en la derogada Ley 53/2002 ni en la vigente Ley 10/2012 ni en sus sucesivas modificaciones.
Ante este silencio, la solución la ha venido dando la Dirección General de Tributos con una serie de consultas vinculantes y, con todo respeto a esta Institución, ello no es deseable no solo por la inseguridad jurídica, sino por sus frecuentes cambios de criterio y porque un órgano tributario no debería ser el idóneo para dilucidar temas civiles o procesales con opiniones, al menos, discutibles (como la equiparación que se hizo de las Comunidades a las personas físicas cuando son entes sin personalidad o la consideración de que el desahucio debía abonar la tasa del monitorio, lo cual supone un desconocimiento completo de la materia rituaria). Si a ello añadimos que, como señala el TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, de 27 de junio de 2013 (SP/AUTRJ/729756), las consultas no le vinculan, llegamos a una situación completa de inseguridad y desasosiego.
II. Evolución legislativa
Dentro de la evolución legislativa, podemos distinguir las fases que se desarrollan a continuación. Finalmente, como se expondrá, la DGT se ha inclinado por la exención.
1. La Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
La citada Ley, hoy derogada, introdujo la "Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo"; sin embargo, las Comunidades de Propietarios estaban exentas del abono de las tasas judiciales. El art. 35 de la citada norma no se refería a las Comunidades de Propietarios ni dentro de los sujetos pasivos ni dentro de las exenciones subjetivas, y este silencio llevó a cuestionarse si debían o no abonar la tasa judicial, puesto que, no debemos olvidarlo, son entes carentes de personalidad jurídica del art. 33 de la Ley General Tributaria.
En sepín fuimos pioneros en plantear la cuestión, y así C. García-Olías Jiménez se manifestó claramente a favor de la exención, ya en febrero de 2003, indicando:
"La Ley 53/2002 nada dice respecto a las comunidades de bienes como puedan ser las comunidades de propietarios, o las sociedades civiles, herencias yacentes y demás entidades carentes de personalidad jurídica del artículo 33 de la Ley General Tributaria.
Entiendo que, dado que la exención prevista atiende a criterios netamente fiscales, debe acudirse a la normativa fiscal a la hora de determinar si una entidad de las anteriores estaría o no exenta de la tasa judicial.
En este sentido conviene recordar que este tipo de entidades no están sujetas al Impuesto sobre Sociedades y tributan por el régimen de atribución de rentas a sus comuneros, socios o herederos. Es decir, los comuneros, socios o herederos tributarán en su caso por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en el Impuesto sobre Sociedades por el porcentaje de renta que se les atribuya.
Por tal motivo, dado que la renta será finalmente gravada en sede del comunero, socio o heredero, y la exención subjetiva en la tasa judicial atiende a criterios de tributación de la renta, entiendo que debería atenderse a la condición que tengan en dichos impuestos los comuneros, socios o herederos para determinar si la exención de la tasa judicial resulta o no aplicable.
Así, por ejemplo, en un supuesto de comunidad de propietarios en la que todos los comuneros fuesen personas físicas, considero que el inicio de la potestad jurisdiccional por parte de la comunidad estaría exenta de la tasa judicial". [El documento completo puede consultarse en nuestra base de datos (ww.sepin.es) con la referencia SP/DOCT/1226].
Finalmente, el tema se resolvió por la Consulta de la Dirección General de Tributos que ya, el 29 de mayo de 2003 (SP/DGT/9520), señaló: "Tal y como refleja el escrito de consulta, las comunidades de propietarios, cuyo marco normativo básico se encuentra en el Código Civil y en la Ley de la Propiedad Horizontal, carecen de personalidad jurídica propia. La representación en juicio y la defensa de los intereses comunes de los copropietarios, como puede ser el caso de reclamación de gastos no satisfechos a los vecinos, suele estar encomendada, en los términos previstos estatutariamente, a la Junta Directiva y, en particular, al Presidente de la Comunidad. En todo caso, se trata de reclamaciones instadas por personas físicas en nombre y representación de los copropietarios, lo que lleva a asimilar su régimen al propio de aquellas. En consecuencia, las comunidades de propietarios están exentas del pago de la Tasa mencionada y, asimismo, por aplicación de lo prevenido en el artículo Primero.Dos de la orden HAC/661/2003, de 24 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo y se determinan el lugar, la forma y los plazos para su presentación, tampoco estarán obligadas a presentar el modelo 696, de autoliquidación del tributo. (Consulta 0707-03)". Este criterio fue ratificado por la Consulta V0631-06, de 4 de abril de 2006 (SP/DGT/8808).
2. La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas Tasas en el Ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
Posteriormente, la nueva regulación de las tasas judiciales –que, por cierto, deroga la anterior Ley 53/2002– está constituida por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas Tasas en el Ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que ha sido modificada por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, y por el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero.
A ella hay que añadir la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, modificada por la Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, por la que se aprueba el Modelo 696 de Autoliquidación y el Modelo 695 de Solicitud de Devolución por Solución Extrajudicial del Litigio y por Acumulación de Procesos, de la Tasa por el Ejercicio de la Potestad Jurisdiccional en los Órdenes Civil, Contencioso-Administrativo y Social y se determinan el Lugar, la Forma, los Plazos y los Procedimientos de Presentación.
Pero ni la Ley 10/2012 ni sus Reales Decretos-Leyes modificadores ni las normas de desarrollo mencionaban expresamente a las Comunidades de Propietarios, lo que lleva a distinguir dos períodos.
A) Del 22 de noviembre de 2012 hasta el 28 de febrero de 2015 las Comunidades de Propietarios debían abonar las tasas correspondientes a las personas físicas
La razón era clara: el art. 2 de la Ley 10/2012 enumeraba el hecho imponible: "Constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales:
a) La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo (...)".
E, igualmente, en el art. 4 se contemplaban las exenciones, pero no se aludía en ningún momento a las Comunidades de Propietarios.
Obsérvese que, después de mencionar todos los declarativos, se contempla de forma expresa la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo, pero ¿se había olvidado el legislador del monitorio de propiedad horizontal del art. 21 LPH? ¿Debía incluirse dentro de la mención genérica de toda clase de procesos declarativos, como simple modalidad del monitorio general, o no debía incluirse?
Por otro lado, no olvidemos que las Comunidades de Propietarios no necesariamente tienen que acudir al monitorio especial del art. 21 LPH, que es simplemente potestativo, pues pueden entablar el declarativo por cuantía (ordinario o verbal, según supere o no los 6.000 euros) para reclamar a los morosos, tal y como prevé el art. 249.1.8 LEC e, incluso, el monitorio general. Añadiremos, igualmente, que otras muchas reclamaciones en el ámbito de la propiedad horizontal (impugnaciones de acuerdos, por ejemplo) deben tramitarse como juicios ordinarios por razón de la materia, tal y como prevé el citado precepto, y estarían así sujetos a la tasa.
En la práctica, se veía exigiendo la siguiente tasa a las Comunidades de Propietarios, teniendo en cuenta que tres son los grandes procedimientos que se utilizan en el ámbito de las Comunidades de Propietarios:
a) Ordinario por materia del art. 249.1.8 LEC
– Si un vecino impugnaba un acuerdo cuantificado en 8.000 euros: fijo del ordinario por razón de la materia del art. 249.1.8 = 300 euros más el 0,1 % de 8.000 = 8 euros. Total de la tasa 308 euros.
– Si la Comunidad era la que demandaba en un ordinario por razón de la materia (retirada de un aire acondicionado, por ejemplo): fijo de 300 euros y variable 0,1 % sobre la cuantificación. Aquí hay que tener cuidado porque, si se cuantifica como indeterminada, está el riesgo de que se aplique el variable sobre 18.000 euros.
b) Ordinario y verbal por cuantía de los arts. 249.2 y 250.2 LEC, a los que se remite, a su vez, el art. 249.1.8 LEC para la reclamación a morosos
– Verbal de reclamación de cantidad (siempre que supere los 2.000 euros): fijo de 150 euros más variable sobre la cantidad reclamada.
– Ordinario de reclamación de cantidad: fijo de 300 euros más variable 0,1 % sobre la cantidad reclamada.
c) Monitorio del art. 21 LPH
– Monitorio (siempre que supere los 2.000 euros) de reclamación a moroso: 100 euros más el variable sobre la cantidad reclamada (el variable debe ser el de la persona física, es decir, el 0,1 %, con límite de 2.000 euros).
Ya expuse mi opinión defendiendo que el monitorio para la reclamación a morosos debería estar exento del abono de la tasa, pero no por razones procedimentales, porque, desde el punto de vista procesal, no hay justificación para que el monitorio general esté incluido dentro de la exigencia y se eximiera al especial de propiedad horizontal. En ambos casos, se estaba utilizando el servicio público de la Administración de Justicia, que es la justificación que emplea la Exposición de Motivos de la Ley 10/2012 para exigir la misma.
El posible argumento para defender su exclusión podía ser la prohibición de analogía del ámbito tributario empleado por la Consulta de la Dirección General de Tributos V2329-12, de 10 de diciembre de 2012 (SP/DGT/41783), que exime de la exigencia de la tasa a los recursos frente a autos, ya que la Ley únicamente contempla los recursos frente a sentencias. Del mismo modo, si la Ley solo habla de monitorio y monitorio europeo, no se puede extender el requisito de la tasa al monitorio de propiedad horizontal.
Pero sobre todo defendí su exclusión porque la exigencia supondría una serie de nuevos problemas a nuestras ahogadas, ya de por sí, Comunidades de Propietarios, que no son ajenas a la crisis que vivimos y en las que la morosidad ya es un fenómeno preocupante. Seamos claros, muchas Comunidades difícilmente pueden subsistir y, aún menos, tienen dinero para acudir a los Tribunales por los costes que ello supone. Si se imponía la exigencia de la tasa, en la Junta correspondiente, además de aprobarse la autorización para el ejercicio de acciones y la derrama extraordinaria para el abono de la provisión del abogado y del procurador, debería exigirse la correspondiente provisión para la tasa.
Lo cierto es que parecía que por el ámbito objetivo los clásicos procesos en los que se veía inmersas las Comunidades (ordinarios del art. 249.1.8 LEC o declarativos por cuantía o monitorios de propiedad horizontal estaban dentro del hecho imponible) y el art. 4 de la Ley 10/2012 regulador de las exenciones subjetivas no eximía de su pago.
La Dirección General de Tributos zanjó la cuestión y declaró que, bajo la nueva normativa, las Comunidades de Propietarios en régimen de propiedad horizontal quedaban sujetas al pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social que establece la Ley 10/2012:
– Así lo determinaban la consulta V0227-13, de 29 de enero de 2013 (SP/DGT/42266): "Aplicabilidad de las tasas judiciales establecidas en la Ley 10/2012 a las Comunidades de Propietarios en régimen de propiedad horizontal", que resuelve lo siguiente:
"Tal y como señala el escrito de consulta, esta Dirección General, en el marco de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, consideró que las Comunidades de Propietarios estaban exentas del pago de la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo, en tanto en cuanto las reclamaciones que interponen como tales «son instadas por personas físicas en nombre y representación de los copropietarios, lo que lleva a asimilar su régimen propio al de aquellas», exentas de acuerdo con la Ley 53/2002.
Dado que no existe una previsión genérica de exención para las personas físicas en el artículo 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, las Comunidades de Propietarios en régimen de propiedad horizontal quedan sujetas sin exención al pago de la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social que establece la citada Ley".
– Posteriormente, en consulta V1479-13, de 26 de abril de 2013 (SP/DGT/43182), ha confirmado el criterio después de la Reforma de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por el RDL 3/2013, de 22 de febrero, señalando: "Dada la ausencia de personalidad jurídica propia de las Comunidades de Propietarios en régimen de propiedad horizontal, que son representadas en juicio y en la defensa de sus intereses por la Junta Directiva y, en particular, por el Presidente de cada Comunidad, la determinación de la cuota tributaria de la tasa que nos ocupa deberá resultar de la aplicación de los apartados 1 y 3 del art. 7 de la Ley 10/2012".
La Dirección General de Tributos procedía así a la equiparación de las Comunidades de Propietarios a personas físicas para poder incluirlas como sujeto pasivo de la tasa y ello suponía que debía abonar la tasa aplicándoseles el variable de las personas físicas (cantidad que resulte de aplicar a la base imponible un tipo del 0,1 % con el límite de cuantía variable de 2.000 euros).
Esta solución, aun cuando más ventajosa que la alternativa, no se correspondía, según mi criterio, con la realidad porque la naturaleza jurídica civil de las Comunidades de Propietarios, conocida por todos, es la de un ente sin personalidad.
Además, la Ley Tributaria diferencia entre personas físicas y jurídicas de otros obligados tributarios entre los que se encuentran los entes sin personalidad. Así, el art. 35 de la Ley General Tributaria distingue dentro de los obligados tributarios: "1. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias (...)" y, dentro del apdo. 4, se señala: "4. Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las Leyes en que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición".
Por ello, no me parecía correcto que se equiparen a las personas físicas a los efectos de liquidar la tasa, aunque, evidentemente, ello sea más ventajoso que considerarlas personas jurídicas.
B) A partir del día 1 de marzo de 2015 las personas físicas resultarán exentas
Hay que señalar la importante modificación que en la Ley 10/2012 ha supuesto el art. 11 del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de Mecanismo de Segunda Oportunidad, Reducción de Carga Financiera y Otras Medidas de Orden Social, porque al eliminar la tasa para las personas físicas son muchos los que se verán beneficiados por la exención desde el mismo día 1 de marzo de 2015, puesto que el citado RDL entró en vigor al día siguiente de su publicación (BOE de 28 de febrero).
a) ¿Afectan las nuevas exenciones objetivas a las Comunidades?
La respuesta es que no, porque el art. 4.1 de la Ley 10/2012, tras la modificación, contempla las siguientes exenciones:
"Las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por:
a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.
b) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.
c) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
d) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.
e) La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo.
f) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.
g) Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía".
Ninguno de estos procesos es típico de las Comunidades, a salvo las referencias a monitorio y verbales de cuantía inferior a 2.000 euros que estarían exentos o, por ejemplo, si la Comunidad vulnerara un derecho fundamental de un comunero (la intimidad con cámaras de TV, por ejemplo).
b) ¿Cuáles son las nuevas exenciones subjetivas?
Dispone el art. 4.2 de la Ley, después de la modificación de la Ley 10/2012:
"2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:
a) Las personas físicas.
b) Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.
c) El Ministerio Fiscal.
d) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
e) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas".
Como se ha indicado, esta es la principal novedad. LA EXENCIÓN TOTAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Da igual el ámbito: civil, contencioso o social donde se desenvuelva la reclamación. Se da, pues, un paso muy importante porque la derogación en todo caso afecta a TODAS LAS INSTANCIAS.
Por ello, desde el 1 de marzo de 2015, las personas físicas no tienen que pagar tasas y no tienen que cumplimentar el modelo 696. Así, se regula en el RDL 1/2015 (art. 11.4) que añade un párrafo segundo al apdo. 1 del art. 8 de la Ley 10/2012, que queda redactado como sigue: "No obstante, no tendrán que presentar autoliquidación los sujetos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 4".
III. Conclusión: ¿se aplica la exención de las personas físicas a las Comunidades de Propietarios? La DGT responde afirmativamente
No se alude pues en ningún precepto de la Ley 10/2012 después de las reformas de los Reales Decretos-Leyes 3/2013 y 1/2015 a las Comunidades de Propietarios y la cuestión se ha elevado a la Dirección General de Tributos que finalmente se ha pronunciado sobre la materia.
La Consulta V0790-15, fechada el 5 de marzo de 2015 y con registro de salida el 12 del mismo mes, (SP/DGT/49917) determina:
"Con la entrada en vigor el pasado 1 de marzo, del Real Decreto-Ley 1/2015, de de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social la nueva letra de a) del artículo 4.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, deja exentas a las personas físicas en la tasa (...) y en consecuencia se suprime el apartado 3 del artículo 7 de dicha Ley en cuanto preveía hasta la citada fecha un tipo adicional para la fijación de la cuantía variable de la tasa en cuanto el sujeto pasivo fuera persona física.
A la vista de ambas modificaciones legales y del hecho de que las comunidades de propietarios carecen de personalidad jurídica es necesario reconsiderar el criterio de nuestra contestación V1479-13, con registro de salida de 26 de abril, resultando de que procede la exención de la tasas de los propietarios personas físicas en tanto en cuanto actúan a la través de la Junta Directiva de la Comunidad y en particular de su presidente".
En el mismo sentido se ha pronunciado la Consulta DGT V0909-15, de 24 de marzo de 2015 (SP/DGT/50035).
Por ello cuando la comunidad de propietarios están integrada por personas físicas no será necesario la cumplimentación de la tasa y tampoco será necesario acompañar el modelo 696.
Sugerimos, igualmente, incorporar el siguiente OTROSÍ de exención:
OTROSÍ DIGO: Exención a la Comunidad de Propietarios que, según dispone el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de Mecanismo de Segunda Oportunidad, Reducción de Carga Financiera y Otras Medidas de Orden Social (BOE de 28 de febrero de 2015, en vigor desde el 1 de marzo de 2015), están exentos de la tasa las personas físicas en todo caso. Así lo dispone el art. 4.2 a) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en su nueva redacción dada por el citado Real Decreto-Ley cuando determina: "2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso exentos de esta tasa: a) Las personas físicas". Igualmente, señala el art. 8.1, párrafo segundo, de dicho cuerpo legal, en su redacción vigente dada por el Real Decreto Ley 1/2015, que "No obstante, no tendrán que presentar autoliquidación los sujetos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 4", por lo que no es necesario presentar el modelo 696.
Igualmente declara la exención la DGT Consulta V0790-15, fechada el 5 de marzo de 2015 y con registro de salida el 12 del mismo mes.
Por lo que, SUPLICO AL JUZGADO/SALA que tenga por hecha la manifestación anterior a los efectos legales oportunos.
Adenda: Finalizar indicando que si la solución no admite dudas cuando los comuneros son personas físicas cuando las comunidades de propietarios estén compuestas únicamente por propietarios personas jurídicas, hay quien sostiene Nota que difícilmente se podrá aplicar el criterio de la Consulta de la DGT y estarán sujetas al pago de la tasa judicial. No comparto este criterio porque la Dirección de Tributos en sus consultas no acude a que sus integrantes sean personas físicas o jurídicas sino a su naturaleza como ente sin personalidad que actúa siempre por medio de personas físicas (Junta directiva o Presidente). Por eso yo sostengo la exención en todo caso.
Cuestión distinta es que no demande o recurra la comunidad sino que sea un comunero el que impugna un acuerdo y el actor sea una persona jurídica. En este caso si es claro que deberá abonar la tasa tomando como base imponible de la tasa el importe que le corresponda a las personas jurídicas.
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