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Reconocimiento judicial de resoluciones extranjeras es proceso declarativo sujeto a tasa
TSJ Andalucía, Granada, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1.ª, 22-7-2014
EXTRACTOS
Debido a que la naturaleza del reconocimiento judicial de resoluciones extranjeras es de un proceso declarativo, la parte está obligada a abonar la tasa judicial
"... Segundo .- Plantea el recurso una interesante cuestión que está relacionada con el concepto mismo de analogía, y con la interpretación del artículo 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre .
Dicho precepto establece el hecho imponible de la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional, en cuyo contenido no menciona expresamente las demandas de exequatur o reconocimiento de laudos extranjeros, por lo que entiende el recurrente que su inclusión dentro del hecho imponible responde a una aplicación analógica de dicho precepto.
La Sala discrepa de tal razonamiento. En efecto, el mencionado precepto incluye dentro del hecho imponible de la tasa judicial la interposición de demandas " en toda clase de procesos declarativos ", por lo que la consideración de que el procedimiento de exequatur está incluido en esa mención deliberadamente general ("en toda clase") no es el resultado de la analogía, sino de la interpretación literal del precepto: basta con considerar el exequátur un "proceso declarativo" para concluir que la ley lo ha previsto como uno de los que generan la obligación del pago de la tasa, y en el Decreto recurrido se razona debidamente el carácter declarativo y contradictorio de este proceso.
Existiría analogía si el artículo 2 hiciera referencia al proceso declarativo "verbal y ordinario", puesto que en este caso, en efecto, al no corresponderse la tramitación del exequátur con ninguno de tales procesos, la exigencia de la tasa sólo podría fundarse en que su naturaleza declarativa lo hace merecedor , por identidad de razón, de la misma consecuencia jurídica. Pero bien se comprende que cuando la norma tributaria utiliza expresiones deliberadamente generales, la labor del intérprete ha de limitarse a determinar si el caso concreto se puede subsumir directamente en la literalidad de ese precepto.
No es, por otra parte, cierto que sólo los procesos verbal y ordinario mencionados en el artículo 248.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sean procesos declarativos. Este precepto se limita a decir que tales procedimientos " 'pertenecen a la clase de los procesos declarativos ", pero no excluye otros. Existen, de hecho, en la misma Ley, procesos sin duda declarativos que se denominan especiales , y que pese a no seguir la tramitación general de los juicios verbal u ordinario, están sujetos a la tasa, como lo prueba el que alguno de entre ellos es expresamente mencionado en el artículo 4.1.a' de la Ley 10/2012 , como exención objetiva (que, como se sabe, consiste en una salvedad para supuestos incluidos en la definición general del hecho imponible).
A juicio de la Sala ocurre lo mismo con el procedimiento especial regulado en preceptos vigentes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 para el reconocimiento judicial de resoluciones extranjeras, cuya naturaleza es, sin duda, la de un proceso declarativo , por más que el ámbito de cognición del mismo esté limitado.
Por lo expuesto, el recurso ha de desestimarse. ..."
La interposición del recurso de reposición y posterior de revisión suspendieron el plazo concedido de 10 días para subsanar la tasa y habiendo transcurrido 3 días desde la diligencia de ordenación recurrida, dispone de un plazo de 7 días adicionales
"... Tercero .- Siendo la cuestión desde luego discutible, y teniendo la actora derecho de defender su interpretación de la Ley 10/2012 a fin de obtener la prosecución de la tramitación del proceso sin justificar el pago de la tasa que creía indebida, es de atender la petición efectuada con carácter subsidiario, de concederse nuevo plazo para proceder al pago y justificación del mismo, a fin de no lesionar su derecho a la tutela judicial efectiva. Entendiéndose, pues, que la interposición del recurso de reposición y posterior recurso directo de revisión comportaron la suspensión del plazo concedido, y habiendo transcurrido tres días hábiles desde la notificación de la diligencia de ordenación recurrida que le daba un plazo de diez días, dispone de un plazo adicional de siete días hábiles. ..."
ANTECEDENTES DE HECHO
Único.- Por la representación de Dña Gabriela se ha interpuesto recurso directo de revisión contra el Decreto del Secretario Judicial de fecha 26 de julio de 2014, mediante el cual se confirma la diligencia de ordenación de 12 de junio de 2014, por la que se requería a la parte actora para que en el plazo de diez días procediera a la autoliquidación de la tasa judicial y a la justificación de su pago mediante la presentación del modelo 696.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero .- Considera la recurrente que el Decreto del Secretario Judicial de 26 de julio de 2014 vulnera el art. 2 de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre y la prohibición de aplicación analógica de las normas que definen el ámbito del hecho imponible ( artículo 14 de la Ley General Tributaria ), al considerar exigible la tasa judicial en las demandas de exequatur de laudos extranjeros.
Segundo .- Plantea el recurso una interesante cuestión que está relacionada con el concepto mismo de analogía, y con la interpretación del artículo 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre .
Dicho precepto establece el hecho imponible de la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional, en cuyo contenido no menciona expresamente las demandas de exequatur o reconocimiento de laudos extranjeros, por lo que entiende el recurrente que su inclusión dentro del hecho imponible responde a una aplicación analógica de dicho precepto.
La Sala discrepa de tal razonamiento. En efecto, el mencionado precepto incluye dentro del hecho imponible de la tasa judicial la interposición de demandas " en toda clase de procesos declarativos ", por lo que la consideración de que el procedimiento de exequatur está incluido en esa mención deliberadamente general ("en toda clase") no es el resultado de la analogía, sino de la interpretación literal del precepto: basta con considerar el exequátur un "proceso declarativo" para concluir que la ley lo ha previsto como uno de los que generan la obligación del pago de la tasa, y en el Decreto recurrido se razona debidamente el carácter declarativo y contradictorio de este proceso.
Existiría analogía si el artículo 2 hiciera referencia al proceso declarativo "verbal y ordinario", puesto que en este caso, en efecto, al no corresponderse la tramitación del exequátur con ninguno de tales procesos, la exigencia de la tasa sólo podría fundarse en que su naturaleza declarativa lo hace merecedor , por identidad de razón, de la misma consecuencia jurídica. Pero bien se comprende que cuando la norma tributaria utiliza expresiones deliberadamente generales, la labor del intérprete ha de limitarse a determinar si el caso concreto se puede subsumir directamente en la literalidad de ese precepto.
No es, por otra parte, cierto que sólo los procesos verbal y ordinario mencionados en el artículo 248.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sean procesos declarativos. Este precepto se limita a decir que tales procedimientos " 'pertenecen a la clase de los procesos declarativos ", pero no excluye otros. Existen, de hecho, en la misma Ley, procesos sin duda declarativos que se denominan especiales , y que pese a no seguir la tramitación general de los juicios verbal u ordinario, están sujetos a la tasa, como lo prueba el que alguno de entre ellos es expresamente mencionado en el artículo 4.1.a' de la Ley 10/2012 , como exención objetiva (que, como se sabe, consiste en una salvedad para supuestos incluidos en la definición general del hecho imponible).
A juicio de la Sala ocurre lo mismo con el procedimiento especial regulado en preceptos vigentes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 para el reconocimiento judicial de resoluciones extranjeras, cuya naturaleza es, sin duda, la de un proceso declarativo , por más que el ámbito de cognición del mismo esté limitado.
Por lo expuesto, el recurso ha de desestimarse.
Tercero .- Siendo la cuestión desde luego discutible, y teniendo la actora derecho de defender su interpretación de la Ley 10/2012 a fin de obtener la prosecución de la tramitación del proceso sin justificar el pago de la tasa que creía indebida, es de atender la petición efectuada con carácter subsidiario, de concederse nuevo plazo para proceder al pago y justificación del mismo, a fin de no lesionar su derecho a la tutela judicial efectiva. Entendiéndose, pues, que la interposición del recurso de reposición y posterior recurso directo de revisión comportaron la suspensión del plazo concedido, y habiendo transcurrido tres días hábiles desde la notificación de la diligencia de ordenación recurrida que le daba un plazo de diez días, dispone de un plazo adicional de siete días hábiles.
Por lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, actuando como Sala de lo Civil,
FALLAMOS
Que ha de desestimarse el recurso directo de revisión contra el Decreto dictado por el Secretario General con fecha 26 de junio de 2014, que se confirma.
Concédase plazo por siete días a la actora para proceder a la autoliquidación y justificación del pago de la tasa judicial en la forma indicada en la diligencia de ordenación de 16 de junio de 2014.
Notifíquese esta resolución a la actora.
Así por este auto, que es firme, lo acuerdan, mandan y firman el Excmo Sr. Presidente y los Ilmos. Sres. Magistrados de la Sala al inicio relacionados.
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