Calculador de Tasas Judiciales
¡Duelo al Sol! Sala Tercera del TS versus Sala Cuarta. Exención o no de tasas a funcionarios y beneficiarios de la Seguridad Social
El Auto del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª, de 5 de junio de 2014 señala que el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Cuarta del TS, sobre las tasas en el orden social, no vincula a la Tercera en orden a la exención de las tasas respecto de los funcionarios y beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social.
EXTRACTOS
Sujeción al abono de la tasa para litigar del personal estatutario: el hecho de tener la condición de personal estatutario y ser beneficiario de la Seguridad Social no implica per se la concesión del beneficio a la asistencia jurídica gratuita
"... El Decreto cuya revisión se insta resuelve desestimar el recurso de reposición, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la referida Ley 10/2012 y, habiéndose subsanado el defecto apreciado, procede la continuación del procedimiento.
No obstante, la parte recurrente mantiene en el presente recurso de revisión lo argumentado en el anterior recurso de reposición por ella planteado sin que le asista la razón, toda vez que la exención por ella pretendida por el hecho de tener la condición de personal estatutario y ser beneficiaria de la Seguridad Social no implica per se la concesión del beneficio a la asistencia jurídica gratuita, siendo necesario previamente a la obtención de este derecho, la acreditación de la insuficiencia de recursos para litigar. En este sentido, si bien el artículo 2 e) de la Ley 1/1996 , alegado por la recurrente, en su párrafo segundo, reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita a "los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo", el presente recurso tiene por objeto la Orden de 3 de junio de 2011 por la que se establece el procedimiento de constitución, ordenación y funcionamiento de listas de empleo para la selección y nombramiento de personal estatutario temporal en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de Salud, materia esta que no se encuentra incluida en el artículo 3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social , como excluida de esa jurisdicción, toda vez que, en su apartado f), descarta del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del orden social "las impugnaciones de los actos administrativos en materia de Seguridad Social relativos a inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, así como en materia de liquidación de cuotas, actas de liquidación y actas de infracción vinculadas con dicha liquidación de cuotas y con respecto a los actos de gestión recaudatoria, incluidas las resoluciones dictadas en esta materia por su respectiva entidad gestora, en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta con las cuotas de Seguridad Social y, en general, los demás actos administrativos conexos a los anteriores dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social; así como de los actos administrativos sobre asistencia y protección social públicas en materias que no se encuentren comprendidas en las letras o) y s) del artículo 2", no encontrándose en ninguno de estos supuestos, como ha quedado expuesto, el recurso que nos ocupa.
Tampoco le sería de aplicación el invocado artículo 4.2, apartado a), de la Ley 10/2012 referido a la exención subjetiva de la tasa a "las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora", sin que su condición de personal estatutario implique ninguna excepción a la regla general de considerar sujeto pasivo de la tasa a quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma. ..."
El Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Cuarta del TS, sobre las tasas en el orden social, no vincula a la Sala Tercera en orden a la exención de las tasas respecto de los funcionarios y beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social
"... Por otra parte, señalar que el invocado Acuerdo de 5 de junio de 2013, del Pleno no jurisdiccional de la Sala Cuarta de este Tribunal, sobre las tasas en el orden social no vincula a esta Sala Tercera en orden a la exención de las tasas respecto de los funcionarios y beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social, sin que el referido Acuerdo sea de aplicación en el orden contencioso-administrativo. ..."
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- Con fecha 9 de enero de 2014 se interpuso recurso de casación por la Procuradora de los Tribunales Dª. Guadalupe Moriana Sevillano, en nombre y representación de Dª. Adriana , contra la Sentencia de 22 de octubre de 2013, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, dictada en el recurso número 577/2011 , sobre nombramiento de personal estatutario temporal.
SEGUNDO .- Por Diligencia de Ordenación de 14 de enero de 2014, la Secretaria Judicial de esta Sección Primera acordó, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, requerir a la representación procesal de la parte recurrente para que en el plazo de diez días presente el modelo 696 debidamente validado y, tras ser interpuesto recurso de reposición frente a esta última por escrito de 23 de enero de 2014, en el que se adjunta copia validada del referido modelo 696, el mismo fue desestimado por Decreto de 18 de febrero siguiente.
TERCERO .- Contra el anterior Decreto fue interpuesto recurso de revisión por la representación procesal de Dª. Adriana y, dándose traslado del mismo al Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias -parte recurrida-, interesó la desestimación del mismo, tras lo cual pasaron las actuaciones al Magistrado Ponente a fin de dictar la resolución procedente en Derecho.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Sieira Miguez, Presidente de la Sala
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- Alega la representación procesal de la parte recurrente, considerando vulnerados los artículos 24.1 y 9.3 de la Constitución Española , la insuficiente motivación del Decreto recurrido dado que, sin entrar en el fondo de la cuestión planteada, omite las razones para conocer los criterios jurídicos que fundamentan la desestimación del recurso de reposición, reproduciendo su escrito de interposición de dicho recurso de reposición en el que señala, en síntesis y entendiendo que la consecuencia esencial de la falta de presentación de la autoliquidación de la tasa vulnera los derechos reconocidos en los artículos 24.1 , 14, 9.2 , 31.1 y 106.1, todos ellos de la Constitución Española , el derecho de la recurrente a la asistencia jurídica gratuita como personal estatutario y beneficiaria de la Seguridad Social y, por tanto, exenta del pago de la tasa, de conformidad con el artículo 4.2.a) de la Ley 10/2012 , citando jurisprudencia al efecto. Añade que los gastos del proceso necesarios para la protección de un derecho deben recaer sobre la parte que lo ha vulnerado, alegando también vulneración del principio de capacidad económica al requerir la tasa judicial a la parte más débil y la falta de proporcionalidad de las cantidades establecidas como cuotas en las tasas judiciales, posibilitando la interposición de recursos a la Administración y limitando su acceso a las personas físicas, careciendo la Ley 10/2012 de legalidad constitucional.
SEGUNDO .- El Decreto cuya revisión se insta resuelve desestimar el recurso de reposición, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la referida Ley 10/2012 y, habiéndose subsanado el defecto apreciado, procede la continuación del procedimiento.
No obstante, la parte recurrente mantiene en el presente recurso de revisión lo argumentado en el anterior recurso de reposición por ella planteado sin que le asista la razón, toda vez que la exención por ella pretendida por el hecho de tener la condición de personal estatutario y ser beneficiaria de la Seguridad Social no implica per se la concesión del beneficio a la asistencia jurídica gratuita, siendo necesario previamente a la obtención de este derecho, la acreditación de la insuficiencia de recursos para litigar. En este sentido, si bien el artículo 2 e) de la Ley 1/1996 , alegado por la recurrente, en su párrafo segundo, reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita a "los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo", el presente recurso tiene por objeto la Orden de 3 de junio de 2011 por la que se establece el procedimiento de constitución, ordenación y funcionamiento de listas de empleo para la selección y nombramiento de personal estatutario temporal en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de Salud, materia esta que no se encuentra incluida en el artículo 3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social , como excluida de esa jurisdicción, toda vez que, en su apartado f), descarta del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del orden social "las impugnaciones de los actos administrativos en materia de Seguridad Social relativos a inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, así como en materia de liquidación de cuotas, actas de liquidación y actas de infracción vinculadas con dicha liquidación de cuotas y con respecto a los actos de gestión recaudatoria, incluidas las resoluciones dictadas en esta materia por su respectiva entidad gestora, en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta con las cuotas de Seguridad Social y, en general, los demás actos administrativos conexos a los anteriores dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social; así como de los actos administrativos sobre asistencia y protección social públicas en materias que no se encuentren comprendidas en las letras o) y s) del artículo 2", no encontrándose en ninguno de estos supuestos, como ha quedado expuesto, el recurso que nos ocupa.
Tampoco le sería de aplicación el invocado artículo 4.2, apartado a), de la Ley 10/2012 referido a la exención subjetiva de la tasa a "las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora", sin que su condición de personal estatutario implique ninguna excepción a la regla general de considerar sujeto pasivo de la tasa a quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma.
Por otra parte, señalar que el invocado Acuerdo de 5 de junio de 2013, del Pleno no jurisdiccional de la Sala Cuarta de este Tribunal, sobre las tasas en el orden social no vincula a esta Sala Tercera en orden a la exención de las tasas respecto de los funcionarios y beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social, sin que el referido Acuerdo sea de aplicación en el orden contencioso-administrativo.
TERCERO .- A mayor abundamiento, y aunque se hubiera presentado el modelo 696 debidamente validado, nos encontramos en el caso general de inadmisión del recurso de casación previsto en el apartado a) del número 2 del artículo 86 de la nueva Ley Jurisdiccional , al versar la pretensión casacional ejercitada por la parte recurrente, como ha quedado expuesto, sobre el procedimiento de constitución, ordenación y funcionamiento de listas de empleo para la selección y nombramiento de personal estatutario temporal en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de Salud. No es, pues, una convocatoria para la selección de personal que adquirirá la condición de personal estatutario fijo -a estos efectos, equiparado a la condición de funcionario de carrera- quedando fuera del supuesto contemplado en el artículo 86.2 a) para ser recurrible en casación la resolución judicial de referencia (en este sentido, AATS de 12 de abril de 2012 -recurso de casación número 5306/2011 - y de 18 de octubre de 2012 -recurso de casación número 1431/2012 -).
CUARTO .- Por tanto, no cuestionándose la aplicación al presente recurso de lo preceptuado en el artículo 2 e) de la Ley 10/2012 que dispone que el hecho imponible de la tasa lo constituye el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por "la interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo", obligado será confirmar la resolución recurrida, sin que la alegada carencia de constitucionalidad de dicha Ley 10/2012 se oponga a ello ya que el primer contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva es el acceso a la jurisdicción, que se concreta en el derecho a ser parte en un proceso y poder promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas (por todas, SSTC 220/1993, de 30 de junio). Asimismo, el Tribunal Constitucional tiene reiteradamente declarado que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho prestacional y de configuración legal, cuyo ejercicio está sujeto a la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales que, en cada caso, haya establecido el legislador, lo implica que el legislador cuenta con un ámbito de libertad amplio en la definición o determinación de las condiciones y consecuencias del acceso a la justicia, pues le incumbe configurar la actividad judicial y, más concretamente, el proceso en cuyo seno se ejercita el derecho fundamental ordenado a la satisfacción de pretensiones dirigidas a la defensa de derechos e intereses legítimos ( STC 206/1987, de 21 de diciembre ). En esta regulación, la Ley podrá establecer límites al ejercicio del derecho fundamental que serán constitucionalmente válidos si, respetando su contenido esencial, están dirigidos a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la naturaleza del proceso y la finalidad perseguida (entre otras, SSTC 133/2004, de 22 de julio , recaída precisamente al controlar la constitucionalidad de una norma que limitaba el acceso a la justicia en aras al cumplimiento de deberes tributarios).
QUINTO .- La legitimidad de los fines que persigue la tasa le viene dada en cuanto se dirige a financiar el servicio público de la Administración de Justicia con cargo a los justiciables que más se benefician de la actividad jurisdiccional, disminuyendo correlativamente la financiación procedente de los impuestos, a cargo de todos los ciudadanos, dado que, si bien la justicia puede ser declarada gratuita -como hizo la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de supresión de las tasas judiciales-, resulta obvio que la justicia no es gratis. Optar por un modelo de financiación de la justicia mediante impuestos o por otro en el que sean los justiciables quienes deben subvenir a los gastos generados por su demanda de justicia mediante tasas o aranceles, es una decisión que corresponde al legislador.
Como ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Constitucional, la Constitución no ha proclamado la gratuidad de la administración de justicia, sino «un derecho a la gratuidad de la justicia ... en los casos y en la forma que el legislador determine», tal y como dispone el art. 119 CE . «El reconocimiento de esta amplia libertad de configuración legal resulta manifiesta en el primer inciso del art. 119 al afirmar que "la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley". El legislador podrá atribuir el beneficio de justicia gratuita a quienes reúnan las características y requisitos que considere relevantes, podrá modular la gratuidad en función del orden jurisdiccional afectado -penal, laboral, civil, etc.- o incluso del tipo concreto de proceso y, por supuesto, en función de los recursos económicos de los que pueda disponer en cada momento» ( STC 20/2012, de 20 de febrero ).
En el mismo sentido se ha pronunciado esta Sala en Autos de 17 de octubre de 2013 -recurso de casación numero 1062/2013 - y de 28 de noviembre de 2013 -recurso de casación numero 4488/2012 -.
Por último, la falta de motivación que se imputa al citado Decreto carece de consistencia pues el mismo justifica suficientemente la desestimación del recurso de reposición deducido frente a la Diligencia de Ordenación que acordó requerir a la representación procesal de la parte recurrente para el abono de la tasa judicial, sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento a su pretensión, conteniendo, por tanto, la resolución procesal recurrida la motivación mínima exigible.
SEXTO .- Respecto al pago de las costas, y de conformidad con lo previsto en el artículo 139.1, párrafo primero, de la LRJCA , la desestimación del presente recurso comporta la imposición de las mismas la parte recurrente, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el apartado 3 del precepto citado, fija en 600 euros la cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida por todos los conceptos.
En su virtud,
FALLAMOS
desestimar el recurso de revisión interpuesto por la representación procesal de Dª. Adriana contra el Decreto de 18 de febrero de 2014, que se confirma; con imposición a esta parte de las costas causadas en este recurso, señalándose como cantidad máxima a reclamar por la parte beneficiada por todos los conceptos la cifra de 600 euros.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
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